- La Ley de Amnistía es la peor ley de la historia de la democracia porque niega al Estado su función primordial, que es la de evitar la guerra civil y garantizar la unidad de la nación.
Cuando el Tribunal Constitucional dice que “la amnistía tiene como propósito reducir la tensión institucional y política generada por los hechos del procés y facilitar un escenario de reconciliación” está adoptando la misma posición que adoptaría un juez perdonando a un violador porque “ella llevaba la falda muy corta”.
Está afirmando que la tensión política fue causada por el Estado, y que hay que perdonar a los golpistas porque en el fondo tenían razón.
Ellos, los golpistas, sólo respondían a la provocación que les hizo el propio Constitucional en 2010, abortando (temporalmente) el procés.
La Ley de Amnistía que acaba de avalar el Tribunal Constitucional es la peor ley de la historia de la democracia por una sencilla razón: da carta blanca para futuros golpes de Estado con el agravante de que su finalidad no es “pacificar” una región, sino obtener siete votos para poder formar gobierno.
Pero esto último es sólo un agravante de un hecho de por sí gravísimo.
Hay un punto cierto, como un faro, que debe orientar a todo estatista en tiempos de confusión. El Estado puede fallar en todo menos en evitar la guerra civil.
En todo lo demás puede fallar porque, de una u otra manera, se puede encontrar una reparación.
Pero para la guerra civil, no. Eso no tiene arreglo y tampoco tiene perdón.
Las hipérboles abundan en esta época de crispación y redes sociales, y a cualquier cosa se le llama “golpista”, “fascista”, “bolivariano” o “antisistema”. Son exageraciones en busca de atención. Como decía Ortega, fantochadas del señorito satisfecho que puede arriesgarlo todo porque sabe que no perderá nada.
Es muy cómodo dar la democracia por amortizada desde el poltrón protegido por las instituciones que se critican.
Pablo Iglesias se podía meter con la policía porque sabía que esos policías protegerían su casa en Galapagar. Los eurodiputados de Vox se pueden meter con la Uniópn Europea porque esa Constitución y esos “burócratas” les pagan y protegen su derecho a opinar de ese modo.
Pero en este caso creo que no abuso de la hipérbole cuando digo que lo que se está amnistiando es un golpe de Estado y que el Tribunal Constitucional ha ido contra lo más sagrado de la Constitución.
Contra lo que debería haber protegido.
La clave no está en los siete votos, que ya hemos dicho que son un agravante de primer orden.
La clave está en el preámbulo de la Ley, en una frase que no debería pasar desapercibida porque sitúa la intención del legislador en un plano mucho más perverso que el mero utilitarismo de conseguir unos votos, como Judas.
En un momento dado, el Preámbulo afirma que la ley era necesaria para volver a una normalidad que se vio alterada por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. ¿Cuál era esa sentencia? ¡La que declaraba inconstitucional el Estatut de autonomía de Cataluña!
Es decir, la sentencia que frustró la declaración de Cataluña como una nación al margen de España.
Es una cita en passant que lo explica todo.
Para comprender el alcance de su significado basta con ir al acuerdo del PSOE y de Junts de 9 de noviembre de 2023. En este documento se culpa al Estado y al Tribunal Constitucional de haber abortado el procés y privado al pueblo catalán de su propio estatuto de autonomía.
En ese acuerdo se establecía una continuidad y una ruptura.
La continuidad histórica era el procés, que llevaría naturalmente a la independencia de Cataluña.
La ruptura era provocada por el Estado español, que silenciaba y frustraba la voluntad de la nación catalana.
Lo que hace ese documento es invertir el argumento. El golpe de Estado no lo habían dado los independentistas, sino que lo había dado el Estado español.
“El Estado dando un golpe de Estado”. Este es el argumento perverso y avalado por el Tribunal Constitucional. La víctima es el culpable y el culpable, el victimario.
La inversión de la lógica de la justicia.
El problema de la Ley de Amnistía es que sitúa a los golpistas como víctimas y al Estado español como criminal. El crimen es la defensa de la unidad de la nación.
La Ley de Amnistía es la peor ley de la historia de la democracia porque niega al Estado su función primordial, que es evitar la guerra civil y garantizar la unidad de la nación. Victimiza a los golpistas y culpabiliza al Estado. Hace saltar por los aires el fundamento del Estado de derecho.