El secesionismo, catalán y vasco es una rémora que atenta contra la estabilidad y el futuro de los españoles. Su virulencia antidemocrática ha ido en aumento en las últimas décadas por errores de los gobiernos de España. Sánchez, por interés propio, juega con fuego al elevarles al rango de socios preferentes. Revertir esta tendencia suicida es un deber imperativo para la gobernanza postsanchista.
La aventura de poder de Sánchez tuvo un origen turbio, conocido por todos, y tendrá un final como es condición humana. De hecho, ya está fuera de tiempo, pues lo que empezó con trampas en 2018, con una mayoría de oportunistas ha ejecutado su ciclo endogámico: Sánchez y PSOE, control y ocupación de todos los resortes del Estado; comunistas -sumados al carro socialista en minoría- imposición de medidas antiliberales de corte neocomunista, como la ocupación de viviendas contra la propiedad privada; separatistas varios, legitimar su programa máximo: amnistiar sus delitos, conseguir competencias y recursos estatales, soberanía económica y referéndum de secesión.
En esta absurda legislatura, el chantaje de los separatistas catalanes y vascos está llegando a máximos: quedarse con el patrimonio nacional que pertenece a todos los españoles. En su guerra contra España, desgastan y atacan a todas las instituciones tanto del Estado (Corona, símbolos, judicatura, control secesionista de las administraciones públicas transferidas) como de la Nación española (sentido de pertenencia, soberanía, ciudadanía, igualdad, historia, lengua común, tradiciones, memoria compartida, visión de futuro…) Están expectantes, nunca han tenido a un presidente español comiendo en su mano. Saben que Sánchez tendrá que tragar con el referéndum si quiere aprobar leyes en el Congreso. ¿Hasta dónde llegarán Sánchez y Conde Pumpido? Esta es la cuestión.
El Gobierno de España llena sus días con las ocurrencias del progresismo sectario, pero sin progreso real para la mayoría, publicitado a través de los medios públicos politizados y los privados condicionados por subvenciones. Quienes discrepan, critican o apuntan a un horizonte superador son enemigos declarados, machacados por la Brunete mediática con epicentro en la Moncloa. Los gobiernos regionales secesionistas llenan sus días con su odio contra España: utilizan las competencias estatales cedidas como armas contra la Nación. Lo más lesivo es la corrupción de la mente y conciencia de ciudadanos y funcionarios al alcance de su poder: muchos ya no se sienten españoles, basculan entre el odio y la indiferencia a todo lo que signifique ciudadanía española, basada en la unidad y la igualdad. Esta ha sido la labor, a la luz y las sombras, de los nacionalistas antiespañoles durante décadas para socavar y corroer hasta hundir los nexos de unidad y pertenencia con que ampliar la base social acorde con su plan de secesión.
Con estos mimbres no cabe, ni ha habido, ningún proyecto nacional español sino todo lo contrario. Retroceso en los grandes indicadores de desarrollo: institucionales, políticos, socioeconómicos, educativo-culturales, prestigio internacional, prospectiva nacional… Así las cosas, el horizonte de Sánchez y sus socios es autorreferencial y reactivo: su marco conceptual está limitado al cálculo oportunista del poder, como el control sectario de todas las instituciones públicas: RTVE, penetración en los consejos de administración de las grandes empresas, “privatización” del Ministerio Público…. Lo vemos cada día en la acción de gobierno, en los debates parlamentarios de las Cortes y de los parlamentos regionales dominados por secesionistas…
En esta legislatura, hasta que dure, no habrá otro tema más presente y lesivo que la guerra secesionista catalana y vasca. Es el gran fracaso de la Transición y la Constitución; no han servido para normalizar e integrar a los nacionalismos periféricos sino para exacerbarlos con cesiones y apaciguamiento hasta el incendio actual en dos fases 2008-2017 y 2019-¿?
Aplicado al secesionismo, los combustibles son los recursos y las competencias estatales, permanentemente exigidas y cedidas irresponsablemente por el Estado
En efecto, el nacionalismo secesionista opera como el fuego. Esta alegoría explica su naturaleza: como es sabido su triángulo constitutivo crece y se expande con las materias combustibles, un agente oxidante, como el oxígeno (comburente) y la energía de activación del calor. Aplicado al secesionismo, los combustibles son los recursos y las competencias estatales, permanentemente exigidas y cedidas irresponsablemente por el Estado; el comburente es la utilización de los recursos y competencias para la secesión (“oxida” las competencias y recursos) con la complicidad del Estado; la energía de activación, los ideólogos y propagandistas antiespañoles mediante razones falaces, símbolos, emociones y soflamas difundidas usque ad nauseam por las instituciones, medios, redes, escuelas…
¿Cómo se apaga un incendio? Sólo hay una forma: reducir combustibles y limitar comburentes reduce el calor de activación a lo que realmente son los secesionismos: mitos sin base real que nutren ambiciones de oligarquías muy bien instaladas. ¿Qué partido, qué liderazgo es capaz de revertir la suicida tendencia consolidada durante cuatro décadas. El paradigma de Sánchez-PSOE y sus socios no es la vía, visto lo visto; no da para más, sólo pueden seguir, mientras dure, el proceso de degradación al depender del “fuego” separatista.
Sánchez está condenado por su propia ambición política, él ha elegido a sus socios; no tiene vuelta atrás. Su forma de actuar, visto en perspectiva, es la de un hombre que se afirma por oposición, cual atavismo adolescente. Necesita demostrar su poder frente a otros, especialmente a quienes tiene ubicados en la “fachosfera”, ese neologismo guerra civilista de la factoría monclovita. El ejemplo máximo es su apuesta por indultar a los criminales secesionistas contra el orden constitucional, esto es, legalizar la arbitrariedad a futuro. En esta apuesta lleva al Congreso de diputados a aprobar a sabiendas una ley anticonstitucional, pero él manda y necesita afirmar su poder, incluso, contra su propia posición inicial, contra el Estado de Derecho, piedra angular del orden constituido, y contra la racionalidad común (academia, judicatura, Comisión de Venecia…). En su apuesta de autoafirmación cuenta con juristas oportunistas y serviles, desde Bolaños a fiscales afines con acciones de presunta prevaricación, y con un Tribunal constitucional a su medida. No obstante, sobre la amnistía, veremos en qué concluye finalmente, pues se interponen aristas políticas y jurídicas, más el rechazo mayoritario de los españoles.
Más pronto o más tarde, los españoles habrán de enfrentarse al postsanchismo, es decir, a una España difícil de gobernar por la situación resultante de los gobiernos Sánchez. Digo difícil por las hipotecas que habrá de cancelar, por las erráticas políticas antiliberales (altos impuestos, gasto desmedido, ineficiencia) y por los costes adicionales que la sociedad española tendrá que asumir si quiere remontar hacia cotas de unidad nacional, solvencia política y económica. Pero, sobre todo, habrá que acometer cambios constitucionales y legales.
El impacto del sanchismo, desde 2018 hasta que dure, no es el de una gestión estándar en una sociedad democrática con aciertos y errores, que los ciudadanos ponen a prueba en las elecciones. En estos seis años hemos visto la deconstrucción del régimen constitucional: los vínculos de unión se han debilitado, los separatismos se han legitimado, la mayoría de las instituciones sufren desprestigio por los nombramientos politizados, algunas de ellas en descomposición como el Ministerio Público, la corrupción política y económica crece y medra en los centros de poder político.
Actores y cómplices
El ejercicio del poder de Sánchez ha evidenciado las carencias e insuficiencias del sistema jurídico-político, incapaz de limitar y mucho menos impedir el poder autoritario de un autócrata, que llega incluso, por interés espurio, a conllevar la violencia terrorista de ETA y del eufemístico Tsunami Democràtic, protegiendo a sus actores y cómplices porque le mantienen en el poder.
Hemos de entender que el secesionismo, catalán y vasco, articulado en partidos políticos es antagónico con la Nación española, sujeto unitario y fundante de la Constitución. En el marco de libertades democráticas, puede haber ciudadanos que tengan aspiraciones secesionistas o de otro tipo, que las autonomías sean la vía de autogobierno descentralizado racional (no es así: el sistema actual, presionado por la ambición secesionista, es disfuncional e ineficiente), pero es una contradicción destructiva para los intereses de los españoles que los secesionistas, organizados en partidos, maniobren para la secesión y utilicen las instituciones para destruir la Nación como está sucediendo a la vista de todos, con la exclusión del español como lengua común con intimidación y sanciones, el adoctrinamiento escolar, la colonización del espacio público con banderas secesionistas, utilizando la violencia, y con insurrecciones, como la de 2017. Una cosa de la conllevancia con los secesionismos y otra bien distinta la sumisión y el entreguismo.
Hemos de profundizar, lo haremos en la próxima entrega, en el antagonismo entre España y los secesionismos en un marco cívico que comprometa a los secesionistas y a los poderes del Estado que emanan de la soberanía unitaria e indivisible del pueblo español.