De los treinta y dos bloques de competencias que la Constitución considera exclusivas del Estado (art. 149), el segundo es el de nacionalidad, inmigración, asilo y extranjería. El orden no es casual, porque establece una escala de importancia de mayor a menor categoría. La palabra ‘exclusivas’ significa, como recordó Marlaska en el Congreso cuando el Gobierno –hace bien poco– se oponía a las peticiones de los independentistas, que se trata de materias que no pueden ser «delegadas ni transferidas». El ministro estaba ayer enfermo y no se conoce su opinión sobre este enésimo viraje, pero su contundencia en el Parlamento lo inhabilita para continuar en el cargo desde donde se va a implementar el traspaso a la Policía autonómica catalana de la vigilancia fronteriza. Por mucho que se disfrace de una mera encomienda de la gestión administrativa, el compromiso de los socialistas con Puigdemont constituye una flagrante cesión de soberanía.

Pujol, siempre atento a las cuestiones simbólicas como todo nacionalista genuino, me lo dijo con diáfana naturalidad a principios de este siglo: «Si usted llega a un aeropuerto y ve letreros en otro idioma y policías con uniforme distinto, entenderá que está en otro país desde el principio». Si a esto se une la facultad de ejecutar expulsiones, proteger los puntos de entrada críticos, controlar los centros de internamiento, decidir el reparto de menores o definir los requisitos para que los trabajadores contratados en origen reciban su correspondiente permiso, ya no se trata de un simple efecto aparencial o perceptivo sino de capacidades propias de un poder político emancipado para establecer aduanas identitarias de acceso a sus dominios. Y ésa es una de las principales aspiraciones del separatismo: aplicar su particular criterio de selección xenófoba en un territorio donde ya ha pretendido arrebatar la nacionalidad a la mitad de sus convecinos.

Así, pacto a pacto, Sánchez ha sustituido la disrupción del ‘procés’ por una suerte de secesión a plazos. Su estrategia de pacificación catalana consiste en la entrega paulatina pero constante de estructuras de Estado, de tal manera que es España la que se retira ‘motu proprio’ del Principado sin necesidad de que nadie la expulse por asalto. El proyecto soberanista se va cumpliendo por capítulos, por fases, en un desarrollo confederal bastante rápido que acabará dejando la decisión final, la de ruptura completa, a un solo paso. Con la Hacienda al caer y el poder judicial que obtendrá tarde o temprano, el nacionalismo habrá cerrado su círculo programático. No vale la pena recurrir al Tribunal Constitucional, cuyo criterio mayoritario –¿o tal vez asesoría jurídica?– se intuye de antemano. Feijóo adquirió ayer el compromiso de revertir esta claudicación, y es de esperar que si alguna vez llega el caso de que lo pueda cumplir no sea menester recordárselo.