Si la falta de entendimiento entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder judicial ha encallado es debido a que el principal partido de la oposición pretende que Pedro Sánchez prescinda de Podemos. Nada menos. El socio de quien Sánchez depende para levantar la persiana de La Moncloa cada mañana. En realidad las condiciones que presenta el PP de Casado para llevar a buen término la renovación del Poder Judicial parecen una carta a los Reyes Magos. Que no se nombre a ningún expolítico. Que todas las decisiones del CGPJ se tomen por mayoría reforzada. Que Podemos se quede al margen. Sánchez amagó con escucharles cuando la Unión Europea le llamó al orden. Cuando quiso rebajar, a través de una reforma exprés, la necesidad de las mayorías cualificadas (de tres quintos a la mitad más uno) para designar a los vocales del máximo órgano de los jueces. El mundo de la judicatura se rasgó las vestiduras y la UE le dijo que, para desmanes, ya está Polonia que va arrastrando varios expedientes sancionadores por socavar la independencia judicial.
Pero ayer el Gobierno de La Moncloa dio otro golpe de mano. Con la presentación de su proposición de ley para limitar las funciones del órgano de los jueces mientras esté en funciones. Que no persigue otro objetivo que el de presionar al PP. No para que se avenga a cerrar la negociación sino para que desista de sus exigencias. La justicia debería estar por encima de la lucha partidista. Sánchez sostenía que no podía llegar a un acuerdo con Podemos «para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero». Fueron sus palabras. Pero ya han caducado. El PP sigue pensando lo mismo. Pero Sánchez ya no. Ahora, Pedro y Pablo quieren maniatar al Poder Judicial. Quieren atar en corto al Consejo General del Poder Judicial para que no realice nombramientos mientras esté en funciones. Hay muchas plazas vacantes, entre otras la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que están pendientes de designación. Una forma de presionar al PP.
El Gobierno se va ‘podemizando’. Y los funcionarios de su partido extendiendo la alfombra roja. Los pactos con ERC y Bildu son una victoria de la democracia, le jalean. En plena preparación de la rebaja del delito de sedición, a imagen y semejanza de los condenados del ‘procés’, el ministro Grande Marlaska asegura que tan solo se trata de adaptar el delito al Código Penal del siglo XXI. Un código tan antiguo, pero tanto, que su última reforma se efectuó hace cinco años. Fue en 2015. Sánchez llegó, incluso, a sostener que hubo «clarísimamente» un delito «de rebelión y sedición» en España. Pero ahora ya no. Iceta se alegra. Y ERC se cuelga una medalla frente a Junts per Cat.
Todo son cálculos electorales. La independencia de la justicia se va quedando atrás. De que los jueces puedan elegirse entre ellos, ya ni hablamos.