Es un pulso determinante entre el derecho a la efectiva tutela judicial y el abuso de la Justicia. Peinado puede, al final de este procedimiento judicial, ser el Gary Cooper de ‘Solo ante el peligro’ o el Paul Newman de ‘El juez de la horca’. Solo ante el peligro porque sería un juez honesto, con todo un Gobierno enfrente, el PSOE y una parte de la opinión pública, en la que ha calado la idea de que el ‘caso Begoña’ es un montaje dentro de una campaña de acoso a Pedro Sánchez y su familia. También podría quedar como un conspirador que decidió impartir su propia justicia y que termina como Newman en la cinta. O sea, mal. Sus peculiares decisiones en la instrucción y en los autos en los que ha llegado a plagiar textos jurídicos ajenos han arrojado una sombra sobre su ecuanimidad.

Todo indica que, después de haber interrogado hasta al presidente del Gobierno, a ejecutivos del Ibex35, al rector de la Universidad Complutense, la crema del poder político y económico español, y removido papeles, emails, llamadas telefónicas, para desmadejar el ovillo de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, el caso llegará a juicio. Si entonces, como dicen Sánchez y sus ministros, se demuestra que todo es un bulo, toda la teoría del ‘lawfare’, que sostiene la existencia de una Justicia al servicio de intereses partidistas, recibiría un espaldarazo. Y sería una gran noticia para el bloque de Sánchez, aunque muy mala para el Estado de Derecho porque abriría la espita de todas las teorías de la conspiración para desmontar los casos de corrupción pendientes, e incluso, los ya juzgados. Pero si se demuestra que no hay ‘lawfare’ sino ‘affaire’ de malversación, ninguna campaña de victimismo desencadenado podría impedir un boquete en la línea de flotación del sanchismo.