La rápida puesta en libertad de Víctor Aldama tras su explosiva confesión sugiere, evidencia o confirma la existencia de un pacto con la Fiscalía, un tipo de negociación en el que su abogado tiene reconocida reputación de especialista y en el que tanto la apariencia de veracidad de la declaración como la posibilidad de demostrar el contenido de la misma tienen una importancia decisiva. La comprobación factual de lo manifestado es tarea de la justicia, pero cabe colegir que el instructor considera que existe un grado de verosimilitud suficiente para decretar la excarcelación sin riesgo de que pruebas fundamentales queden destruidas. Sólo con que una parte de las revelaciones sea cierta, el Gobierno estará en una grave tesitura política al margen de las responsabilidades penales que puedan afrontar las personas aludidas. Conviene recordar al respecto que el presidente se negó a contestar si conocía al comisionista hasta que se filtró la ya célebre y comprometedora fotografía.

Sánchez lo niega todo, como en la canción de Sabina, basándose en que Aldama es un presunto delincuente –lo es, en efecto– dispuesto a cualquier cosa para salir de un aprieto. Sin embargo sucede a menudo, y hay precedentes sobrados desde el GAL a la trama Gürtel, por ejemplo, que el testimonio de esta clase de personajes poco recomendables acaba demostrándose cierto. La verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero, como recordaba el Juan de Mairena machadiano aunque añadiendo que el porquero no estaba convencido porque no era ingenuo. En este caso parece conveniente añadir que Sánchez, el circunstancial Agamenón del cuento, tampoco tiene una trayectoria merecedora de mucho crédito y que la opinión pública española está acostumbrada a que sus pronunciamientos más asertivos se los lleve el viento. Por decirlo de un modo suave, no representa el arquetipo de dirigente sincero ni constituye un paradigma incontestable de principios éticos.

Cada cual está en su derecho de creer a quien prefiera, pero será el proceso judicial el que determine si el relato es parcial o totalmente verdadero o falso. De momento sabemos que cuenta con una relativa presunción de autenticidad por parte del fiscal y del magistrado, al menos a la espera de que el declarante logre aquilatarlo. A tal efecto resulta imprescindible que el juez dicte de inmediato medidas para prevenir el riesgo de fuga y asegurar la protección física del imputado, ahora convertido por voluntad propia en inquietante testigo de cargo. No hace mucho que su coche (vacío) fue tiroteado, intimidación mafiosa tan sintomática del valor estratégico de su silencio como de la catadura de la gente que le vigila los pasos y tal vez también del largo alcance de este escándalo. Incluso en los más civilizados y sensatos entornos democráticos hay ocasiones en que la vida de un porquero deviene en cuestión de Estado.