En España gobernar es atender las demandas de los partidos nacionalistas, tal como estamos viendo en estos días con el asunto de la investidura. El del Congreso es un mercado político en el que no todos los escaños valen lo mismo, pues está claro que algunos –los ostentados por nacionalistas– tienen un precio adicional en forma de privilegios para al menos una parte de los habitantes de las respectivas regiones de las que proceden sus representantes. Así, cuando en condiciones de fragmentación hay que arbitrar mayorías, aparecen las «agendas» singulares de esas fuerzas políticas. Por ejemplo, ahora que Feijóo ha hecho valer sus apoyos para concurrir a la investidura, hemos descubierto que existe una «agenda canaria» de contenido económico y político; lo mismo, por cierto, que esa «agenda vasca» que lleva dando tumbos desde hace años, pues es tan amplia que resulta inabordable. Claro que ambas difieren sustantivamente de las dos «agendas catalanas», las de ERC y Junts, pues en éstas el contenido político es más denso –autodeterminación y amnistía– aunque esos partidos tampoco le hagan ascos a una demanda desorbitada de millonarias inversiones o de compensación de un fabuloso «déficit fiscal». Es evidente, entonces, que el referido precio es tremendamente desigual, pudiendo llegar incluso a resultar impagable, aunque esto último depende mucho de los escrúpulos y convicciones democrático-constitucionales de los líderes mayoritarios, pues no son lo mismo las amplias tragaderas de Sánchez que las más comedidas de Feijóo.

Es interesante observar que, en esto de las «agendas», se apela mucho a la igualdad, cuando lo más notorio es que, a través de ellas, lo que se busca es todo lo contrario. La última en hacerlo ha sido Cuca Gamarra, quien al presentar el pacto del PP con Coalición Canaria no ha tenido empacho en afirmar que se trata de «un acuerdo que tiene claro el principio de igualdad entre los españoles». Pues no; no son igualdad los precios bonificados o la representación autonómica en asuntos marroquíes, aunque sean peccata minuta por comparación con las exigencias vascas y catalanas. Digamos que Canarias es una región ultra-periférica con costes singulares para sus habitantes, pero no llamemos «igualdad» a eso, pervirtiendo así el significado de las palabras como tanto gusta a los nacionalistas.