Presidiendo la escena, una delegación nutrida de políticos nacionalistas, con el ex presidente de la Generalitat Artur Mas como abanderado mostrando su apoyo incondicional al portavoz del Partit Demòcrata Català (PdC) –el nombre de la antigua Convergència– en el Congreso de los Diputados. Homs no estaba solo, querían manifestar. No faltó nadie –salvo el actual presidente catalán, Carles Puigdemont–. Todos a una llegaron a las puertas del Alto Tribunal, donde más de una veintena de periodistas aguardaba impaciente para captar la escena. Y lo consiguieron.
Como definió el diputado de ERC Joan Tardà, miembro de la comitiva, «el republicanismo catalán está hoy en Madrid», en referencia al día de ayer. El ex alcalde de Barcelona Xavier Trias; los consejeros Santi Vila y Meritxell Borràs; la vicepresidenta del PdC, Neus Munté; la coordinadora general del partido, Marta Pascal; la ex consejera Irene Rigau; el presidente del Grupo Parlamentario de Junts Pel Sí, Jordi Turull. Hasta representantes de Podemos y del PNV, Marcelo Expósito y Aitor Esteban, respectivamente. Todos se plantaron ante el Tribunal Supremo para respaldar al que también fuera consejero de la Presidencia con Mas.
Sin duda, una milimetrada puesta en escena que acaparó la atención de todos los presentes, en un ambiente donde sólo se oyeron voces en defensa de la consulta soberanista que Cataluña celebró el 9 de noviembre de 2014 en contra del criterio del Tribunal Constitucional. «No aclaró lo que se tenía que suspender», se jactó Artur Mas.
Nadie se percató de un hombre mayor con barretina –gorro de paño rojo, típico de Cataluña–, plantado en la acera de en frente del Supremo, con una pancarta en la que se leía: «Malos gobiernos dividen los pueblos. Rajoy y Mas, pésimos». Sin duda, la única voz discordante que se alzó, ayer, en los aledaños del Alto Tribunal. El resto de los presentes sólo sabía aplaudir a los nacionalistas y hacer declaraciones a la televisión y a la radio catalanas.
Artur Mas aprovechó las poco más de dos horas que estuvo Francesc Homs en el interior del edificio –la declaración del diputado ante el magistrado Andrés Palomo se prolongó una hora y 45 minutos– para dirigirse a Mariano Rajoy, a la Fiscalía y a los catalanes, y poner rumbo después a la sede de la Generalitat en Madrid, a 10 minutos a pie desde el Tribunal Supremo.
«Aquí no está en juego sólo la independencia de Cataluña, sino la democracia misma, que recurre a los tribunales en lugar de sentarse a una mesa», reprochó al Gobierno en funciones. «Hay que hacer lo que debe hacer cualquier Gobierno democrático, dialogar», reprendió al presidente en funciones.
Su ataque al Gobierno de España no quedó ahí. «Esto es un juicio político», sentenció, para calificar después de «insólito e impropio» el procedimiento judicial abierto. Es más, se atrevió hasta con el que fuera fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, de quien dijo que «usó su poder jerárquico» e «impulsó las acusaciones» que se investigan en esta causa.
«Aquello era para escuchar a la gente, no para declarar la independencia de Cataluña», advirtió con rotundidad, para reprochar después al Gobierno que «si escuchar a la gente es delito, mal vamos».
En castellano y en catalán. Artur Mas habló para los dos públicos, como lo hizo también su ex consejero de Presidencia dos horas después, en el número 14 de la madrileña calle Alcalá, a pocos metros del Banco de España. En apenas cuatro horas, los nacionalistas catalanes despacharon con el juez que investiga el caso del 9-N y con la opinión pública. Una visita relámpago a Madrid para pregonar, a bombo y platillo, que la consulta soberanista celebrada hace dos años «no es delito» y despedirse calificando de «estúpidos» al Gobierno, por «no entender que en el siglo XXI la voz del pueblo es imparable». Palabras de Joan Tardà.
«el día de la vergüenza»
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, manifestó ayer que si hay condena judicial por el 9-N las consecuencias irán «mucho más allá de la queja». Calificó la jornada de ayer en el TS como «el día de la vergüenza» porque es «inaceptable» que un responsable político tenga que declarar porque «la gente exprese su opinión a través de las urnas», en paralelo a que ministros «hayan destinado dineros públicos a financiar la guerra sucia» contra el independentismo. En su opinión, no es «de madurez democrática» que un Estado sea capaz de juzgar a Mas, a Homs o a Irene Rigau por «este delito tan criminal que es haber permitido que los ciudadanos se pronuncien en las urnas», informa Efe.