El paso de los días está arrojando luz sobre las verdaderas intenciones que animan al Gobierno y a sus aliados separatistas a desarmar el Estado de derecho frente al independentismo. La suma de las reformas sobre sedición y malversación –más la anunciada ayer sobre el procesamiento de terroristas y rebeldes–, y las de los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial tiene un claro resultado: el asfaltado de un camino que lleva directo a la creación de un nuevo régimen político paralelo al constitucional. Sin embargo, en el planteamiento que han diseñado los estrategas socialistas de un escenario confederal y de soberanía compartida entre Cataluña y lo que quede de España, hay dos obstáculos que tanto Pedro Sánchez como su coalición de liquidadores de la Constitución tienen bien definidos: la independencia judicial y el Estado de derecho. Una visita a la hemeroteca muestra que los ataques a los jueces han sido una constante en el discurso del Ejecutivo, tanto da que el portavoz fuera socialista o de Unidas Podemos, porque el Consejo de Ministros es un único órgano sujeto a responsabilidad solidaria. La esperanza del Estado de derecho, en su agonía actual, está en la justicia ordinaria y la justicia constitucional. A la primera se la pretende someter con la neutralización del CGPJ; para la segunda está prevista una mutación del TC en algo parecido a una dirección general del Ministerio de la Presidencia.

La idea socialista que actúa como precursor de esta agenda inconcebible en un partido democrático y europeo es la de anular cualquier capacidad de reacción del Estado democrático y de derecho frente a la imposición de su programa de máximos. Revanchismo histórico, odio sectario a la derecha, repudio de los valores de la democracia parlamentaria y alianza con los separatistas son los factores de una política corrosiva que puede quedar neutralizada en las urnas y en las salas de justicia. Por eso, la coalición que dirige Pedro Sánchez quiere dopar con subvenciones a la sociedad y narcotizar a los tribunales. La crisis del Estado de derecho en España tiene unos visos parecidos y, en algunos aspectos, más graves que las que han movido a la Unión Europea a actuar contra Hungría y Polonia por sus reformas judiciales. Pronto se olvida que el Gobierno de Sánchez está señalado por la Comisión Europea y el Consejo de Europa por su afán de controlar políticamente la designación de los vocales del CGPJ y el funcionamiento de la Fiscalía.

La relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial en España se está alejando por días de los principios europeos de Estado de derecho e independencia judicial. La sucesión de comparaciones hechas por los socialistas entre jueces y golpistas no habrá pasado desapercibida a las autoridades de Bruselas, salvo que para ellas los estándares europeos sobre la Justicia solo sean exigibles a gobiernos de derecha, como los de Hungría y Polonia, pero a no a los de izquierda, como el español. España está retrocediendo en su calidad democrática porque el Ejecutivo lidera una campaña implacable contra la separación de poderes y la democracia parlamentaria; campaña que no deja indemne ninguna magistratura del Estado, por alta que sea. La izquierda ha resucitado las pulsiones de la discordia civil y parece incapaz de frenarlas, porque ha decidido que el beneficio de una alianza de hierro con los separatistas y la extrema izquierda –la periferia marginada en cualquier Parlamento europeo– es mayor que el destrozo que está causando al orden constitucional y a la convivencia.