ABC 09/06/17
IGNACIO CAMACHO
· Por el portillo de la chapucera amnistía fiscal se colaron los corruptos que le han dado a Rajoy más dolores de cabeza
LAS cosas que se planean mal acaban saliendo mal. En plena campaña del IRPF, la anulación de la amnistía fiscal representa para Cristóbal Montoro un varapalo descomunal que cuestiona su continuidad como ministro de Hacienda. La desautorización unánime del Tribunal Constitucional lo deja desairado, en una situación de precariedad política manifiesta. Por más que el presidente le tenga la mayor confianza, las reglas morales de la política implican que los fracasos tengan consecuencias. Las que Corcuera admitió cuando el TC le tumbó su ley de la patada en la puerta.
El PP suele achacar la disipación de su mayoría absoluta al estallido de la corrupción, y en general acierta. Está sin embargo por medir el impacto entre sus sectores de apoyo de una política tributaria que ha descargado el peso de la reducción del déficit sobre las espaldas de las clases medias. Montoro ha tenido desde 2012 plenos poderes para cuadrar las cuentas, y lo ha hecho mal que bien implantando medidas impositivas propias de una especie de socialdemocracia de derechas. Muchos votantes se han sentido castigados por el partido en el que confiaban, decepcionados por un doble incumplimiento de promesas. El Gobierno marianista, de sedicente identidad liberal, dejó pendiente la reforma de la Administración y ha subido la media impositiva de personas y empresas, disfrazando el incremento con una posterior rebaja insuficiente y cosmética. Ha enterrado con rudo pragmatismo sus principios ideológicos en una reconversión que aturde a sus bases naturales y las deja huérfanas.
En ese clima de desencanto, la regularización ahora revocada supuso un agravio para la mayoría de los contribuyentes, aunque contase con la coartada inicial de unas circunstancias de emergencia. Los ingresos recaudados fueron poco relevantes y su coste político resultó altísimo porque nadie se molestó en dar explicaciones y Montoro trató las críticas con su antipática displicencia. Pero lo peor fue que por el portillo de la amnistía se colaron, desde Bárcenas a Pujol, desde Torres a Granados, los corruptos que a Rajoy le han dado más dolores de cabeza. Lo que los ciudadanos han visto es una flagrante desigualdad de trato que ofrecía a los defraudadores una gracia encubierta.
Ahora sabemos, TC mediante, que además la medida fue arbitrada de forma chapucera. La sentencia –elaborada por el ponente más conservador del Tribunal– descalifica el instrumento normativo, la vía del decreto que el Gabinete usó para atravesar más rápido la tormenta. Un procedimiento desmañado que deja al ministro aún más en evidencia, en el período especialmente crítico en que los españoles se están retratando, abiertos en canal, ante Hacienda. Y en un momento en que todo el PP está bajo acoso, con la palpable sensación de que por mucho que el presidente pida calma, los chaparrones no sólo no escampan sino que arrecian.