El restablecimiento de las relaciones entre PSOE y Junts tras la retirada de la cuestión de confianza contra Pedro Sánchez ha dado sus primeros frutos. El PSOE y Junts han pactado este lunes la delegación de la gestión de las competencias de inmigración a Cataluña.
En realidad, se trata del cumplimiento de un compromiso, que permanecía pendiente de ejecutar, adquirido por el PSOE con Junts en enero de 2024: el de transferir el «control integral» de la inmigración a la Generalitat de Cataluña, a cambio de que los independentistas facilitaran la convalidación de los decretos del Gobierno en el Congreso de los Diputados.
El contenido del acuerdo se desconoce por el momento, por lo que no es posible aún cuán grave va a resultar esta nueva claudicación de Pedro Sánchez ante sus socios separatistas.
Junts exige que la Generalitat asuma «plenas competencias» en materia migratoria. Es decir, que los Mossos d’Esquadra pasen a encargarse del control de las fronteras (una función desempeñada únicamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil), y que la Generalitat tenga la capacidad fijar el cupo de extranjeros que pueden residir en Cataluña y de expulsar a inmigrantes.
Pero esta fórmula tendría un difícil encaje en la ley fundamental española. El Tribunal Constitucional concluyó en 2010 que «sería claramente inconstitucional» que la Generalitat se arrogase determinadas facultades sobre extranjería. Porque «la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado».
Es evidente que los constituyentes nunca contemplaron un supuesto como el de transferirle la potestad migratoria a las Comunidades Autónomas. Y menos aún el de cedérselo solamente a una de ellas.
Por eso, lo previsible es que el Gobierno recurra nuevamente a la ingeniería legislativa para hacer pasar como conforme a la Constitución una mutación estructural que atenta claramente contra el espíritu de la misma.
Cabe esperar que la fórmula sea la de recurrir a la figura recogida en el artículo 150 de la Constitución, que permite «delegar» en una Comunidad autónoma la gestión de una competencia exclusiva del Estado mediante una ley orgánica. De esta forma, el Estado no perdería nominalmente la titularidad del control de las fronteras, sino que su gestión sería compartida por el Gobierno y por la Generalitat de Salvador Illa.
Pero, con independencia de cuál sea la redacción final del acuerdo, supone una perturbación radical el propio concepto de abrirse a entregar a un gobierno autonómico algo tan sensible como la expedición de los NIE, la regularización de los ilegales o las tareas de deportación.
Porque, como lamentaron los sindicatos policiales en conversación con EL ESPAÑOL, esta delegación anticipa la supresión de la presencia en Cataluña de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Después de la Ley de Amnistía, de la negociación para la «financiación singular» de Cataluña y de la próxima quita de la deuda catalana, el Gobierno se presta a seguir ahondando en las desigualdades entre españoles.
Y agrava el proceso de desmantelamiento del Estado que se está cobrando como peaje la alianza parlamentaria de Sánchez con el independentismo, a cambio de su supervivencia personal. Dos de los atributos esenciales de un Estado son la hacienda pública y el control de las fronteras, por lo que al consumarse estas dos nuevas transferencias no será exagerado decir que el Estado español habrá desaparecido de facto de Cataluña.
Y si las competencias de extranjería son vertebrales para todo Estado, lo son aún más en el contexto actual, en el que todos los países europeos están debatiendo sobre cómo gestionar la crisis migratoria.
Mientras se coordina una política migratoria europea, en España tendremos una gestión aduanera segregada entre Cataluña y el resto del país. Una deficiencia aún más impertinente si cabe en una región como la catalana, que es la comunidad autonóma más expuesta al fundamentalismo islámico y con mayor infiltración yihadista, así como la más comprometida por la injerencia marroquí.
Que la situación que va a materializarse en España es completamente anómala lo prueba que ningún país de la UE ha transferido a sus gobiernos regionales las competencias sobre el control las fronteras. El precio de la última transacción entre Sánchez y Puigdemont para seguir alargando a toda costa la legislatura será el de debilitar todavía más a España ante nuestros socios europeos.