No hay ningún poder público que haya tenido tradicionalmente un funcionamiento tan descentralizado como la Justicia. Ahora se piensa que los nacionalistas quedarán satisfechos si se les da participación en el gobierno de esa Administración; pero ellos tomarán lo que ahora se les ofrece y seguirán reclamando sus objetivos máximos como si no hubieran recibido nada.
El Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de reforma de la Justicia que tiene como base un argumento falaz: la necesidad de aplicar a este poder del Estado los mismos criterios de descentralización que se han aplicado a los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Es falaz porque no hay ningún poder público que haya tenido tradicionalmente un funcionamiento tan descentralizado como la Justicia.
La estructura de base de este poder, el Partido Judicial, presta sus servicios en un ámbito tan cercano al ciudadano como es la comarca. Ni siquiera las instituciones autonómicas cuentan con estructuras tan próximas al administrado. Únicamente los ayuntamientos se encuentran a ese nivel, pero, desde luego, nadie tiene tanta autonomía e independencia en sus decisiones como un juez, que no está sujeto más que a las leyes aunque, como es lógico, sus decisiones puedan ser revisadas por los órganos superiores, que actúan con igual margen de independencia.
No es por tanto de descentralización de la Justicia de lo que se está hablando, sino de su control político, que es cuestión distinta. El proyecto del Gobierno contempla la presencia de los poderes regionales en las Salas de Gobierno autonómicas, mimetizando de esta forma al Consejo General del Poder Judicial. Hace escasas fechas, en Cantabria, se defendía una tesis doctoral que llegaba a la conclusión de que el CGPJ había resultado una institución fallida, al igual que el Senado. Clonar a este órgano en 17 autonomías puede conducir a que en el futuro tengamos 18 instituciones fallidas que no hayan aportado nada para mejorar el funcionamiento de la Justicia.
Si al incremento del control político sobre la Justicia se añade el mecanismo de elección previsto para los jueces de proximidad, no es de extrañar que algunos juristas vean en esta combinación de medidas el embrión de futuros poderes judiciales autonómicos. Nada de esto se contempla en el proyecto de reforma, pero, cuando se abren algunas puertas, nunca se sabe qué se encontrará uno al otro lado.
La impresión que dejan estos aspectos de la nueva reforma es que se lleva a cabo para intentar contentar a quienes jamás estarán contentos, los nacionalistas, que quieren un poder judicial propio. Ibarretxe fue el primero en reclamarlo y ahora otros se han subido al carro de esta petición. Se piensa que quedarán satisfechos si se les da algún tipo de participación en el gobierno de la Administración de Justicia, pero eso es no conocer a los nacionalistas, que tomarán lo que ahora se les ofrece y seguirán reclamando sus objetivos máximos al día siguiente como si no hubieran recibido nada.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 18/7/2005