José Antonio Zarzalejos, LA VANGUARDIA, 26/7/12
Ayer, el titular que mandaba en los principales diarios españoles era este: «Cataluña pide su rescate», o, el más matizado y exacto de La Vanguardia: «Mas pide el rescate». Con las variantes que se quieran, la adhesión de cualquier comunidad autónoma al Fondo de Liquidez (FLA) que articula el real decreto de 13 de julio pasado implica la condicionalidad que el capítulo II de esa disposición establece y que conlleva una merma sustancial del margen de decisión económico-financiero de las autonomías rescatadas y una vigilancia y control acentuadísimos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Si el Govern de la Generalitat formaliza una petición de asistencia al FLA, como así parece ocurrirá, la interpretación de esa decisión no será ni sólo ni principalmente de carácter financiero, sino de orden político. Porque implicará que la insostenibilidad del modelo del Estado constitucional autonómico ha comenzado por las comunidades y concluirá, en breve tiempo, con el desplome financiero de la Administración central y el rescate a tramos del Tesoro del Estado español a través del fondo ad hoc de la Unión Europea, una vez el BCE le dote de licencia bancaria y cubra las ampliaciones de capital que serán precisas para extraer de su actual ahogamiento a España y, seguramente, también a Italia.
El ahora o nunca con el que el presidente de la Generalitat enfatizó ayer la oportunidad de que Catalunya logre un pacto fiscal con el Estado -tachado de «extravagancia» en el principal editorial del primer periódico del país, dadas las circunstancias de emergencia que concurren- habría que aplicarlo a la oportunidad que siempre ofrecen los fracasos: la oportunidad de aprender del error y volver virtualmente al pasado para realizar una reconstrucción coherente y auténtica de un Estado compuesto. La España real es la de la diferencia territorial, pero con grados diferentes, en demarcaciones territoriales cohesionadas, con elementos de identidad específicos y con una expresada voluntad de autogobierno. O se resetea el Estado desde la autenticidad, proscribiendo el café para todos, o España se convertirá en un campo de Agramante. Como es tiempo para la claridad, desde una profesión de bien entendido españolismo, debe reconocerse que Catalunya, el País Vasco y, en menor medida, Galicia, son las comunidades que reúnen las características propias de las nacionalidades -concepto constitucional básico-, pero no las demás que pugnan por afirmar lo contrario por un espíritu de emulación inoculado por las clases políticas territoriales que existen en función de la ficción autonómica.
Pero la proyección del futuro no sería completa si se omitiese que el amago independentista o el victimismo instalado en el agravio constituyen también comportamientos viciados que han contribuido al fracaso que ahora experimentamos -en mayor o menor medida- de norte a sur y de este a oeste de España. El ahora o nunca de Mas remite no tanto a un pacto fiscal que podría formar parte de una nueva y futura arquitectura de la autonomía catalana en un contexto estatal renovado, sino al aleccionamiento que nos proporciona el fracaso autonómico. Rememoremos a Henry Ford: «Nuestros fracasos son, a veces, más fructíferos que nuestros éxitos». Efectivamente: ahora o nunca.
Rodrigo Rato
En el momento más inoportuno que imaginarse pueda, en un ambiente crispado y tenso ante la expectativa de un rescate de la economía española, con un Gobierno desarbolado, comparece hoy en el Congreso de los Diputados Rodrigo Rato en su condición de expresidente de Bankia. El exvicepresidente del Gobierno -que ha mapeado a sus enemigos dentro y fuera del PP- va a estar sugerente pero no explícito; crítico pero no hostil; claro pero no nítido. Parte de la labor se la hizo el martes Fernández Ordoñez y otra parte no menor se la ha trabajado el devenir de los acontecimientos. Y, además, manda la prudencia: le espera el juez a la vuelta del verano.
José Manuel Soria
Si Soria, con Montoro y Nadal en su retaguardia, se empeña en sacar adelante la llamada reforma eléctrica, el sector puede dar al Gobierno serios quebraderos de cabeza. Ayer lo advirtió el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. ¿Cuáles? Menos inversiones en España y un progresivo proceso de deslocalización. El Ejecutivo, efectivamente, no debiera confundir la reforma eléctrica con un yacimiento empresarial propicio para la recaudación. Galán apeló a Rajoy saltándose al ministro de Industria. El Gabinete popular tiene fecha de caducidad. Próxima.
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José Antonio Zarzalejos, LA VANGUARDIA, 26/7/12