Pedro Sánchez, que se licenció en el Real Centro Universitario María Cristina y obtuvo su doctorado en la Universidad Camilo José Cela, ambos centros privados, anunció ayer lunes una cruzada de su Gobierno contra las universidades privadas.
El presidente afirmó durante un acto titulado En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social que algunas universidades privadas son «chiringuitos» y «una máquina expendedora de títulos», aunque no detalló sus nombres.
También afirmó que endurecerá los requisitos para crear nuevos centros privados: el Gobierno les exigirá un mínimo de 4.500 alumnos y un informe vinculante de la ANECA junto a otros requisitos colaterales, como el de contar con un mínimo de un 10% de viviendas para sus alumnos, quieran estos o no alojarse en el campus.
Sus palabras llegan después de que María Jesús Montero, no contenta con arremeter este sábado contra el derecho a la presunción de inocencia, uno de los pilares del Estado de derecho, atacara también este domingo a las universidades privadas, a las que calificó de «principal amenaza a la clase trabajadora».
Luego, Montero acusó «a quienes tienen dinero en la cuenta corriente» de comprar el acceso de sus hijos a las universidades privadas e incluso el propio título universitario. Por supuesto, lo hizo sin aportar mayores pruebas de su acusación.
En la práctica, lo que ha anunciado el presidente es la creación de las herramientas que le permitirán al Gobierno bloquear la creación de cualquier universidad privada.
En primer lugar, por la exigencia de contar con un número elevado de alumnos, una pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo conseguirá 4.500 alumnos una universidad privada antes incluso de contar con el permiso gubernamental para su creación? ¿Mediante una promesa de futura matriculación condicionada al ‘sí’ del Gobierno?
En segundo lugar, por la exigencia de un informe vinculante positivo de la ANECA, un organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades y que, cabe sospechar, tenderá a decidir lo que al Gobierno le convenga e interese.
Finalmente, por los insultos del presidente y de la ministra de Hacienda contra los centros privados, que hacen pensar que el Gobierno, más que abogar por una mejora de los estándares educativos, está abriendo un nuevo frente de batalla ideológico con el que enfrentar a los españoles, en este caso a costa de la educación superior.
Lo sugiere también el uso del término ‘chiringuitos’, una palabra que habitualmente ha definido a los organismos de control, agencias reguladoras y empresas públicas creadas por la izquierda para el enchufe de simpatizantes y familiares con un doble objetivo: la creación de un régimen clientelar de votantes agradecidos y la ocupación de todos los resortes del poder para impedir la alternancia democrática.
Resignificando el término ‘chiringuito’ y adjudicándoselo al sector privado, que se financia con dinero privado y no con el de todos los españoles como en el caso de los verdaderos ‘chiringuitos’ de la izquierda, Sánchez pretende hacernos creer que las universidades privadas españolas, algunas de las cuales aparecen regularmente en las listas de las mejores de Europa, son un pozo de corrupción.
Como suele ocurrir en el caso de este Gobierno, una medida que en manos de cualquier otro presidente podría ser interpretada como un intento sincero de mejora de los niveles educativos debe ser analizada más bien como un nuevo intento de asfixiar todos aquellos espacios civiles capaces de suponer una amenaza para el proyecto de control ideológico y social de los ciudadanos por parte del sanchismo.
Y por ello los españoles deben estar en alerta frente a lo que parece, una vez más, una operación gubernamental para impedir la creación de centros educativos no sometidos a la influencia del socialismo.