Alberto Núñez Feijóo, si llega donde quiere llegar, tendrá un problema. En realidad va a tener que enfrentar muchos problemas, aunque una buena parte de ellos se resume en uno: España ha dejado de ser fiable. Para los de fuera, pero también para los de dentro. El último Índice de Seguridad Jurídica del Instituto Juan de Mariana, correspondiente a 2025, ya situaba a España, con un aprobado raspado, en el puesto 20 de la Unión Europea, muy lejos de las democracias europeas más sólidas.

Ahora, tras el lamentable espectáculo de un país incapaz de proteger sus fronteras y el estado confusional provocado por el estallido monitorizado de la crisis de la vivienda, es bastante probable que el diagnóstico sobre la principal patología del paciente sea aún más preocupante.

El Índice 2025 evalúa diez categorías: corrupción, capacidad de los gobiernos para aplicar políticas públicas eficaces, Estado de Derecho, funcionamiento de la Justicia, limitación del Poder Ejecutivo (contrapesos), calidad democrática, previsibilidad fiscal, cumplimiento de laudos de arbitraje internacional y estas otras dos que he dejado para el final: calidad regulatoria, centrada en la efectividad del marco normativo para favorecer la iniciativa privada y la competencia, y los derechos de propiedad, cuestión clave para la inversión y la seguridad patrimonial.

Un país ‘estancado’

El Análisis sobre la Calidad Normativa que Baker McKenzie encargó en 2024 a diversos juristas de prestigio, concluyó que la inseguridad jurídica en España se había convertido en un problema crónico estructural. Los motivos principales señalados son la falta de consensos políticos al legislar y la baja calidad técnica de las normas aprobadas, lo que genera problemas de interpretación en los tribunales.

En esa misma línea, informes recurrentes elaborados por organismos de la Unión Europea vienen alertando sobre las anómalas consecuencias del uso extensivo de la legislación de urgencia en España: la aprobación sistemática de normas sin el debate parlamentario ordinario merma la calidad técnica de las leyes, propicia la inseguridad jurídica y reduce la predictibilidad del entorno regulatorio.  Y la OCDE, en su Informe Internacional para Autónomos y Pymes, de diciembre de 2025, sitúa a España como el segundo país con mayor inseguridad jurídica para el sector de los trabajadores autónomos y las pequeñas empresas, debido a los constantes cambios regulatorios. Nos gana Grecia.

Hay más estudios e informes elaborados por instituciones, comisiones europeas y think tanks que dejan constancia del persistente deterioro de la seguridad jurídica en nuestro país, y en los que, por ejemplo, se critica la elevada “presión fiscal indirecta” que sufren nuestras empresas, la excesiva burocracia o la fragmentación del marco regulatorio en las comunidades autónomas, factor este que penaliza la competitividad económica en el marco de la UE. Pero dejémoslo aquí. Terminemos este somero repaso citando el Informe Anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, en el que España aparece en el grupo de países «estancados» en materia de calidad del Estado.

‘Operación Maricarmen’

Este es el panorama en el que a alguien le ha parecido una magnífica idea, tras ocho años de indolencia, activar la espoleta de esa bomba de relojería en la que una gestión disparatada ha convertido el mercado de la vivienda. Disparatada porque lo único que en estas dos legislaturas se ha hecho, mediante una sucesión caótica de decretos elaborados sin explorar la posibilidad de un mínimo consenso, ha sido provocar la ruptura de las reglas del juego, contraer el mercado del alquiler y disparar los precios.

La consecuencia directa de lo que el sector inmobiliario español ha bautizado como el fenómeno del “ahora sí ahora no” legislativo, ha sido la reducción de hasta el 40% de la oferta de alquiler tradicional de las viviendas en las zonas más tensionadas y la transformación de la oferta en alquiler de habitaciones o de temporada para así sortear la ley.

Y bien: ya tenemos dibujado el escenario: un cierto nivel de caos y una bandera a la que engancharse. Hay quienes defienden la tesis de que la “Operación Maricarmen” le acabará saliendo bien a Pedro Sánchez. Que entre la derecha cavernaria y la ultraizquierda quimérica hay un territorio desde el que dar la batalla con ciertas garantías de obtener un resultado que permita una política de la máxima agresividad cuando toque estar en la oposición. Todo es posible. No sería la primera vez que el que resulta más beneficiado por el incendio es el pirómano.

Tribunales al ralentí

Y, sin embargo, reconociendo la profundidad de la herida, de la sima que hoy separa a generaciones de españoles, a boomers de millennials, no le va a ser fácil a Sánchez desviar hacia otros la responsabilidad acumulada en ocho años de indolencia; de premeditada apuesta por asegurar el voto cautivo en lugar de impulsar políticas transformadoras en beneficio de los más jóvenes.

Tengo no obstante que reconocer que cuando escucho decir a fuentes del Gobierno, el principal culpable por omisión, que “España ya no puede esperar más, que necesita soluciones y una política de vivienda valiente”; cuando leo en un medio nacional una encuesta que dice que el 67% de los españoles apoya limitar los precios de los alquileres, como si pedir que no suban los precios de los pisos, la gasolina o el pollo fuera una rareza; o cuando oigo a Belarra a Pisarello y al Patxi López más demagogo y kirchnerista echar mano del frentismo más feroz, ya sí que pierdo toda esperanza de que la campaña electoral que, ahora sí, parece precipitarse, discurra por una senda de disputa política razonable, de que algún día recuperemos la fiabilidad que nos dejaron en herencia nuestros mayores.

“La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan”. Así, en clave electoral, zanjó Sánchez el tosco debate sobre los toscos decretos que se discutieron el viernes en el Congreso. No descartemos que se trate de otro amago táctico, de otra broma de mal gusto como aquella de los cinco días de reflexión. Pero tampoco que tras la enésima humillación parlamentaria haya concluido que, efectivamente, no va a tener otra oportunidad mejor que esta.

Mataría además dos pájaros de un tiro, pues ya se sabe que los tribunales, cuando se aproximan unas elecciones, y salvo inaplazable imposición procesal, suelen aplazar sus más graves decisiones o al menos moderar sus ímpetus. Y una oportuna y larga campaña podría trasladar a fechas menos “inconvenientes” el desenlace de las investigaciones judiciales conectadas con los diversos y espinosos asuntos que conciernen al Partido Socialista y quién sabe si también a su máximo dirigente.

Vamos de cabeza a un choque de trenes que recuerda tiempos muy lejanos. Estamos jugando con fuego.

La cita del sábado: el desconcierto reinante

“Quienquiera que haya observado atentamente a la generación actual, estará de acuerdo conmigo si afirmo que el desconcierto que en ella reina y la causa de su angustia y de su inquietud radican sin duda en el hecho de que la certeza esté disminuyendo constantemente, y esto al mismo tiempo que la verdad crece en volumen y en sentido masivo, e incluso en claridad abstracta”.

(Sören Kierkegaard. El concepto de la angustia)