La izquierda los califica de derechos, pongamos que hablo del de huelga, pero en realidad los trata como si fueran sacramentos. No siempre, claro. La ministra de Transportes, por ejemplo, no era partidaria de sentarse a dialogar con un grupo de radicales que utilizan la violencia. Luego ya, en plan barra libre calificó a los transportistas de ser “un grupo de ultras, que está intentando someter a este país a un chantaje, que están sustituyendo la palabra por los palos, por los clavos o por las piedras y que están impidiendo que los transportistas, la mayoría de los transportistas ejerzan su derecho a trabajar”.
Radicales que utilizan la violencia. ¿Está hablando de los terroristas de ETA o de los c.d.r. que tanta bronca vienen montando en las vías catalanas? No, son solo transportistas a los que no les alcanza para llenar los depósitos y que se habían plantado en su quinto día de huelga. Mª Jesús Montero, intelectual alternativa, cree que “la ultraderecha alienta estas propuestas para hacerle el juego al tirano que ha invadido Ucrania”.
Isa Serra, delincuente condenada por ejercer la violencia contra policías y practicar sabotajes contra cajeros automáticos, fue repescada por Irene Montero como asesora de Igualdad. Y decía lo siguiente: “Lo que tenemos que hacer desde el Gobierno de coalición es entender lo que está pasando”. Sería un detalle que nuestros gobernantes entendieran lo que está pasando, sí, pero no parece probable.
“Un boicot alentado desde el odio y las posiciones de extrema derecha”, ha dicho la portavoz del Gobierno, ninfa de Puertollano, Isabel Rodríguez, mientras Pedro Sánchez se ponía institucional para afirmar que “la obligación del Gobierno es garantizar el orden público incluso ante determinadas conductas que son minoritarias y que actúan de manera vandálica, si no violenta”.
Qué curioso es todo. El martes se cumple un año de la derogación del artículo 315.3 del C.P., mediante la L.O. 5/2021, instada por los sindicatos CCOO y UGT, ministerios 23 y 24 del Gobierno sanchista y que fue aprobada en el Congreso por los votos de socialistas y podemitas. El punto citado penalizaba la violencia de los piquetes piadosamente llamados ‘informativos’ que los huelguistas ejercían para implantar la huelga entre los trabajadores más reacios. Decía así: “315.3 Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro”.
Raquel Sánchez e Isabel Rodríguez quizá guarden memoria de la exaltación del diálogo como forma de resolver los conflictos que tanto invocaba este Gobierno, al que, según parece se le están empezando a escapar las cosas de las manos: Hoy a mediodía tendrán una manifestación en contra convocada por Vox. Mañana, otra a la que llaman el PP y Ciudadanos. Algún día entenderán la conveniencia de convocarla juntos si están en la misma creencia de sus votantes: que la tarea más urgente es sacar a Sánchez de La Moncloa. La huelga de transportistas va a precipitar una agregación de descontentos, como lo de Laclau, pero contra el Gobierno: los transportistas, la caza, los agricultores, el toro de lidia, los regantes, las cooperativas agroalimentarias, la cerveza, la leche, la carne y los pescados. Si querían que este Gobierno dialogara con ellos erraron el camino: debieron hacerse terroristas.