Al asesino le quedan 10 años

El 28 de julio, EL CORREO publicó que el miembro de ETA Mikel Mirena Otegi Unanue gozó de un permiso penitenciario para acudir al dentista sin vigilancia policial alguna: fue y volvió como cualquier ciudadano que acude a una cita con el odontólogo, con la peculiaridad de que está condenado a 34 años de prisión por el asesinato de dos ertzainas en 1995 y le quedan diez años de condena por cumplir.

Aquellos dos ertzainas tenían nombre y apellidos, familia y, sobre todo, futuro, hasta que el reo de asesinato decidió segar para siempre la vida de dos personas: José Luis González Villanueva e Iñaki Mendiluce Echeverria. Tras la bochornosa odisea procesal que supuso el juicio con jurado popular a finales de los 90 -con un veredicto de absolución posteriormente anulado y la orden de repetir el juicio-, el asesino estuvo huido de la Justicia durante más de seis años. Fue detenido y condenado en Francia por pertenencia a banda armada y tenencia ilícita de armas. En 2012, diecisiete años después de haber perpetrado los asesinatos, fue finalmente condenado por la Audiencia Nacional a 34 años.

Los familiares de Iñaki Mendiluce vivimos con resignación, profundo dolor y humillación los hechos acaecidos estos días. Es inhumano que hayamos sido contactados por las autoridades penitenciarias solo cuando la opinión pública ha conocido la noticia. Es deleznable sostener que uno de los argumentos que propician la excarcelación temporal de un preso sin vigilancia sea la «economía del gasto». Es deplorable argumentar semejante cosa cuando para la organización de la Grand Départ del Tour de Francia el Gobierno vasco ha buscado agentes de policía hasta debajo de las piedra, sin reparar en el gasto. Por tanto, es degradante para la sociedad que sus mandatarios traten de argumentar que un preso que se fugó de la Justicia y al que le quedan dos lustros de condena por cumplir no fue acompañado policialmente al dentista ‘para ahorrar’. Más aún cuando la patrulla ya se encontraba en las inmediaciones del centro penitenciario.

Se ha tratado de argumentar también, en la llamada telefónica que recibimos y en los medios de comunicación, que la medida es plenamente legal y «encaja en la normativa vigente». Solo faltaba. Apelamos aquí a la cordura de la Teoría General del Derecho del ilustre filósofo del Derecho italiano Norberto Bobbio, quien propuso tres criterios de valoración de las normas jurídicas: la justicia, la validez y la eficacia. Cuando el Gobierno vasco argumenta que la salida no vigilada de un terrorista es plenamente legal, por descontado está diciendo que hay una norma, con independencia del juicio de valor sobre la misma, y cumplida por la persona a la que se dirige. No obstante, los familiares nos preguntamos si acaso la norma es justa, y si el proceder en su aplicación también lo es.

¿Es justo que una persona que, con manifiesto desprecio de la vida de quienes no compartían su ideario excluyente, y que no ha trasladado arrepentimiento alguno, goce de un trato penitenciario como este, por común y legal que sea, cuando aún le quedan diez años de prisión por cumplir?

¿Es justo que los familiares recibamos explicaciones solo porque la noticia ha saltado a los medios? ¿Por qué no se nos contactó con anterioridad? ¿Es compatible que el señor Jaime Tapia dijera que se evaluó «el riesgo de reincidencia y fuga antes de aceptar el permiso», y que, sin embargo, el historial delictivo del asesino Otegi evidencie que se fugó de la Justicia y estuvo en paradero desconocido por más de seis años?

¿Es justo que se nos diga a los familiares que este no es un trato preferencial del Gobierno vasco al colectivo de terroristas de ETA y, sin embargo, la Audiencia Nacional haya ordenado el reingreso en prisión de varios asesinos de ETA tras las tempranas excarcelaciones otorgadas por el Gobierno vasco? Visto lo visto, solo nos queda preguntarnos si esto no ha sido una prueba para tantear el terreno de una posible temprana excarcelación de Otegi.

Como familiares no buscamos venganza, ni mucho menos interponernos en el proceso de resocialización de ningún reo. Solo pedimos transparencia, coherencia y el cumplimiento íntegro de una condena. Se nos ha dicho que al preso se le dio una hora de salida y otra de entrada, y que también debía presentar justificante de asistencia: como si eso implicase que por el camino no ha gozado de cuantos privilegios de libertad haya querido, privilegios destinados a personas que no están condenadas a la pena de prisión o que, habiéndolo estado, hayan cumplido la condena. Otegi no cualifica en ninguno de los supuestos.

La paz en Euskadi no puede construirse sobre la base del silencio y la vejación de las víctimas. No es suficiente organizar memoriales y poner flores en pebeteros. La paz pasa por la transparencia de las instituciones, por el cumplimiento íntegro de las penas, por el arrepentimiento de los asesinos y el reconocimiento por parte de todos y cada uno de los terroristas del injustificable dolor causado, que jamás debió haber ocurrido. Y nada de esto concurre en los hechos acaecidos.