Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 15/7/2011
Cuando un juez procesa a un inculpado, aunque este siga amparado por la presunción de inocencia, no cabe duda de que está adoptando una decisión de mucha gravedad, al entender que existen indicios racionales de criminalidad para llevar a juicio al imputado.
E l Estado de derecho es mucho más que una etiqueta para que los partidos se ataquen entre sí en su lucha por ganar cuotas de poder. El Estado democrático también. De hecho, ambos constituyen un conjunto de reglas y principios que hacen posible, entre otras cosas, que la lucha política se civilice y deje de ser una guerra sin cuartel en la que nada está prohibido.
Una de los principios esenciales del Estado de derecho es el de la sujeción de los jueces a la ley. Según él, aquellos han de actuar siempre de acuerdo con una recta interpretación de las normas a las que están legalmente sometidos. Por eso, cuando un juez procesa a un inculpado, aunque este siga amparado por la presunción de inocencia, no cabe duda de que está adoptando una decisión de mucha gravedad, al entender que existen indicios racionales de criminalidad para llevar a juicio al imputado.
Del mismo modo, una de las reglas básicas del Estado democrático es la de la responsabilidad política de los miembros del Gobierno. Por su virtud, cuando un alto cargo es procesado por actos realizados en el desempeño de su puesto, su procesamiento afecta políticamente a quien lo ha nombrado o mantenido en donde estaba, sobre todo cuando hay motivos poderosos para suponer que tales actos han sido adoptados en ejecución de órdenes previamente recibidas.
Este es, creo, el contexto en que debe situarse la gravísima decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien acaba de dictar, en la causa del llamado caso Faisán, auto de procesamiento contra tres mandos policiales entre los que estaba quien era, en el momento de comisión de un presunto delito de colaboración con organización terrorista o encubrimiento y otro de revelación de secretos, nada más ni nada menos que el director general de la Policía y la Guardia Civil.
Lanzados como estamos por el resbaladero de un desprestigio institucional sin precedentes, es posible que mucha gente desprecie, como indigno de atención, el hecho de que un juez procese, basándose en 12 indicios de culpabilidad, a quien fue en su día el jefe de nuestros policías por colaborar con una banda terrorista que ha asesinado a cientos de personas, entre ellas docenas de guardias civiles y policías nacionales. Y es posible también que esa misma gente considere irrelevante que las dos personas de quien dependía directamente ese alto cargo policial cuando cometió los presuntos delitos por los que se le procesa sean ahora ministro de Interior y candidato a la presidencia del Gobierno.
Puedo asegurarles, sin embargo, que ambos hechos abrirían una crisis de descomunales proporciones en cualquier país de nuestro entorno .
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 15/7/2011