Tonia Etxarri, EL CORREO, 11/6/12
El PSE, con el lehendakari a la cabeza, debería apoyar la restitución del derecho a voto de los desterrados de Euskadi, con independencia de cálculos electorales
LSí, se puede. Si existe voluntad política, se puede devolver el derecho de voto a todos aquellos ciudadanos vascos que tuvieron que abandonar Euskadi y Navarra antes de 31 de diciembre del 2011 por voluntad ajena. La reforma de la Ley Electoral no es tarea fácil porque la demostración de que todos los ciudadanos que se fueron de su tierra en los ‘años de plomo’ lo hicieron expulsados por el terrorismo, no será asequible. Por eso, el proyecto de ley con el que trabaja el Gobierno de Rajoy, inspirado en el borrador elaborado por el profesor de Derecho Administrativo Fabio Pascua, contempla la posibilidad de que todos los ciudadanos que hayan estado censados en algún domicilio del País Vasco o Navarra puedan votar.
La comision de expertos en Derecho Constitucional dio su apoyo a esta iniciativa la semana pasada y, ahora, la vicepresidencia y el Ministerio del Interior trabajan contrarreloj para poder presentar el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Conscientes de que esta iniciativa de restitución democrática necesita obtener el mayor apoyo posible. Y conscientes, también, de la fuerte oposición política que ha empezado ya a despuntar en el País Vasco. Porque las reacciones ante esta iniciativa han despegado de la pista de la frivolidad –«si no están censados aquí que vuelvan a darse de alta en el censo»– para atravesar el arco de la insolidaridad –«si los que se fueron no quieren volver, no tienen por que tener derecho al voto en su tierra»– y terminar aterrizando en el pedregoso sendero del interés electoral. Y ahí es donde se nota ya en Euskadi el clima en el que nuestros políticos están centrados.
Sin disimulos ni subterfugio alguno, al PNV no le gusta nada una idea que supondría la recuperación de votos que, seguramente, no engrosarían las opciones nacionalistas. De ahí que Urkullu haya acusado al PP nada menos que de utilizar a las víctimas «en busca de un determinado rédito político». No es partidario. Todos son conscientes de que si se rescatara más de 100.000 votos, en la pequeña Euskadi se podría alterar el equilibrio electoral. Pero, al hacer sus cálculos partidarios, se olvidan, vaya por Dios, de sus momentos más épicos en los que se han querido poner en la piel de las víctimas. De aquellas intervenciones en las que les pedían perdón por su tardanza en reaccionar ante el horror sufrido durante tantos años y llegaban, incluso, a hablar de ponerles «cara y ojos» para mostrarles su cercanía.
La semana pasada, el mismo día que estaban reunidos los expertos jurídicos convocados por el Gobierno de Rajoy, el canal 24 horas de Televisión Española emitió un reportaje con los testimonios de tres ciudadanos vascos que tuvieron que irse de Euskadi por culpa del terrorismo. Uno, el ertzaina, de espaldas a la cámara, pero con voz nítida y firme. Los otros dos, con cara y ojos. Joseba Markaida y Aurora Intxausti. Los tres sueñan con poder volver a votar en su tierra. Y pelean por lograrlo. Resulta difícil imaginar qué pueden decirles los políticos que se niegan a restituir un derecho del que disfrutan los descendientes de vascos de la diáspora a estos vascos, con cara y ojos. Cómo le van a explicar a la periodista donostiarra Aurora Intxausti, que no puede votar porque ya no vive en Euskadi.
Aurora, que un infausto día de noviembre del año 2000 tuvo que salir de su ciudad prácticamente en volandas y sin apenas poder recoger sus pertenencias, con su marido y su hijo de año y medio porque ETA había intentado matarla y, afortunadamente, no lo consiguió, quiere volver a votar en su tierra . «Nos corresponde», reclama en el reportaje televisivo. Y sin que, por ello, tenga que volver a San Sebastián, de donde el terrorismo la echó. Y desde ese día su rostro, su voz y su voto desaparecieron de Euskadi. Han pasado ya doce años de ese trágico suceso. Su hijo ya tiene hecha su vida de adolescente en Madrid, pero la periodista quiere que el chaval pueda votar en la capital donostiarra cuando esté en edad electoral.
Cuando Aurora tuvo que irse, como tantos otros ciudadanos, quienes ahora se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que los que se fueron forzados puedan volver a votar, no dijeron nada ante la desigualdad electoral que se estaba dando en los años de terrorismo. Los socialistas y populares solían contar, entonces, algunos detalles de sus dificultades para llenar las listas electorales en algunas poblaciones pequeñas, porque el miedo a las amenazas y a los atentados era palpable. Porque el censo se alteró notablemente a partir del momento en que tantos ciudadanos vascos tuvieron que abandonar su tierra. ¿Quiénes, sino los terroristas, alteraron las reglas del juego impidiendo que muchos ciudadanos, identificados con la opciones constitucionalistas, siguieran viviendo?
Los que se fueron y pueden contarlo viven con la amargura de la derrota política. Y éste sí es un problema al que debe hacer frente la sociedad vasca. No se puede incluir, como agenda propia, la hoja de ruta de la izquierda abertzale con sus presos de ETA y mirar para otro lado cuando miles de ciudadanos, que tuvieron que darse de baja del censo electoral a la fuerza, reclaman su derecho al voto. El lehendakari debería apoyar esta reparación democrática. Eso esperan muchos de los que se fueron.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 11/6/12