Es preocupante que la derecha moderadísima se sume al hostigamiento al Rey de España. (Hostigar: 3. Incitar con insistencia a alguien para que haga algo). No es que pidan guillotina como hacían los podemitas. No es que estén contra el Rey como los separatistas del sanchismo, sabedores de que la Corona simboliza la unidad de España. Aun así, esa derecha, tan moderada que es casi izquierda, juega con fuego. Y quien puede quemarse es Felipe VI. Digámoslo de una vez: en contra de lo que difunden el PP y sus voceros, un partido político no adquiere ningún derecho a que su líder sea propuesto por el Rey como candidato a la Presidencia del Gobierno por el hecho de ganar las elecciones. Al defender y difundir la existencia de tal derecho, políticos insensatos han hecho creer a mucha gente corriente que el Rey está obligado a proponer a Feijóo, lo que, amén de falso, es temerario. Lo repetiré con dos breves fórmulas que significan lo mismo: el Rey no está obligado a designar candidato al ganador; el ganador no es titular del derecho a ser designado candidato. Guste o no, esto no es opinable. Basta acudir a la Constitución.

El asunto se trata en el artículo 99. Le pongo un piso en Albacete al que encuentre en alguno de sus cinco puntos la obligación de proponer al representante del grupo con más escaños. La Constitución dice lo que dice, y ya el sanchismo se encarga de estirarla como un chicle desde sus terminales políticas, mediáticas e institucionales. Es una irresponsabilidad hacer lo mismo, salvo que te importen un comino el prestigio de la Corona y el Estado democrático de derecho. Y lo que la Constitución dice es que el Rey propone al candidato después de consultar con los grupos que tienen representación parlamentaria. Visto que la obligatoriedad de designar al ganador de las elecciones no existe, no está en la Constitución ni en otras leyes, ¿para qué cree el PP que sirven las consultas previas del Monarca con los grupos? Servirá para algo que por fuerza encaje con la naturaleza parlamentaria de nuestra democracia y de nuestra monarquía: comprobar quién cuenta con más apoyos.

Puede que nadie cuente con apoyos suficientes, que el Rey en sus consultas compruebe que ningún candidato va a ser investido, ni en primera votación (por mayoría absoluta) ni en segunda votación (por mayoría simple, más síes que noes). En tal caso, el Rey pondrá igualmente el reloj en marcha para que empiecen a contar los plazos previstos en el artículo 99, disolviendo las Cámaras a los dos meses de la primera votación fallida. En ese supuesto, el Monarca goza excepcionalmente de un cierto grado de discrecionalidad a la hora de designar al primer candidato. Por cierto, ese es el único caso en que la Corona no estaría plenamente constreñida. Fuera de él, su papel es simbólico. Todos sus actos, también este, están refrendados por autoridades legitimadas por el proceso parlamentario. En el caso que nos ocupa, el refrendo procede del presidente del Congreso de los Diputados. Los actos del Rey carecen de valor sin refrendo. También viene en la Constitución (artículo 56). Harían bien en leerla los moderadísimos moderantistas de la moderación del centroderecha.

El Rey es un símbolo sometido a una colección de actos debidos, como por ejemplo sancionar las leyes. Si no fuera así, si nuestro Jefe del Estado poseyera algún poder efectivo, el nuestro no sería un sistema democrático sino una tiranía, puesto que la Corona se hereda y el cargo es vitalicio. Los jefes de Estado solo ostentan poder efectivo cuando su cargo es electivo, cuando actúan temporalmente con la legitimidad que les da haber sido votados para que desempeñen su cargo durante unos años. Felipe VI no es Biden ni Macron, pero España es tan democrática como EE.UU. o Francia porque, entre otras cosas, su Rey no manda, su monarquía es parlamentaria, sus actos son debidos y siempre están refrendados por otro. Precisamente por eso no está sujeto a responsabilidad. Dicho de otro modo, nuestro sistema entero sería ilegítimo si alguien irresponsable pudiera tomar decisiones relevantes sin encomendarse a nadie. Imaginemos que el Rey propusiera como candidato a A cuando sabe, por sus consultas con los grupos parlamentarios, que A no cuenta con apoyos suficientes para ser investido y B sí.

Otra cosa, insisto, es que ni A ni B puedan ser investidos, en cuyo caso, recordemos, se abre un estrecho margen de discrecionalidad que constituye una excepción en el cerrado y controlado repertorio de actos del Monarca. De darse el caso, los unos podrían argüir que hasta ahora siempre se ha designado al candidato más votado, y los otros podrían contraargumentar que su líder tiene más apoyos que el contrario, aunque tampoco le alcancen. Pero, ¿qué sucedería entonces? Que pondrían al Rey en un aprieto porque, decidiera lo que decidiera, se le acusaría de parcialidad, de favoritismo, de borboneo en fin. No albergo la menor duda de que poner al Rey en esa tesitura indeseable, endiablada, le trae al pairo al bloque sanchista. Los socios del PSOE son enemigos declarados de lo que el Rey simboliza, la unidad y permanencia del Estado, y el propio Sánchez no ha tenido empacho en vacilar a Felipe VI en diversos actos públicos. Lo incomprensible es que la derecha moderadísima se hay entregado a esta temeridad por razones partidarias, olvidando que pone en riesgo el prestigio del Rey. Pues aunque el PP callara al verse contrariado, parte de la ciudadanía no lo haría: ya ha sido engañada con el inexistente derecho de Feijóo a ser propuesto en primer lugar por ser el más votado, por ‘ganar’.