Pocas bromas con Ignacio Cembrero cuando firma alguna información sobre Marruecos. Toda la profesión periodística le reconoce con respeto como uno de los principales expertos en ese país, cuyas autoridades han tratado de procesarlo varias veces sin éxito. El tocayo publicó ayer en El Confidencial que Sánchez cesó a la ministra González Laya tras una petición expresa de Mohamed VI. No como especulación ni como análisis sino como hecho cierto: sucedió en una reunión entre delegaciones diplomáticas de ambas naciones –en plena crisis por la entrada en España del dirigente polisario Brahim Ghali con permiso del Gobierno– sobre la que existe una nota elaborada por los servicios secretos. Preguntado ayer por ello en el Parlamento, el presidente guardó silencio. La oposición insistió por el revés y por el derecho pero no hubo manera de arrancarle una palabra al respecto.

Sí peroró durante hora y media sobre lo bien que marchan las relaciones bilaterales desde que decidió admitir la soberanía marroquí sobre el territorio y el pueblo saharuis. El entusiasta receptor del Aquarius saca pecho ahora del freno a los flujos de inmigrantes, única contrapartida visible en el dudoso y oscuro balance de un viraje que un año más tarde sigue pendiente de explicaciones razonables. No existe tratado ni ningún documento por escrito, el Congreso no ha votado nada y ni siquiera se ha producido un acuerdo formal del Consejo de Ministros, donde los miembros de Podemos no se privan de expresar su rechazo explícito. Tampoco ha tenido lugar la prometida audiencia con el rey vecino. Los dirigentes de la nomenclatura alauita mantienen viva la reivindicación sobre Ceuta y Melilla y las aduanas de esas plazas continúan cerradas mientras Marruecos maneja a su conveniencia y medida los tiempos de la cooperación económica y política. Tampoco hay visos de mejora en la tensión con Argelia y sus evidentes repercusiones en el suministro y los precios de la energía gasística.

Acerca del papel de las redes de inteligencia marroquíes en todo este asunto seguimos sin saber nada claro. Hasta los aliados del sanchismo, convertidos en oposición provisional para el caso, de quejan del ambiente informativo opaco en el que proliferan sospechas, conjeturas y rumores aventurados. El Ejecutivo niega a los ciudadanos y a sus representantes el derecho a conocer las razones de un giro geopolítico clave en el que España ha renunciado a su principal compromiso histórico en el escenario norteafricano. En cambio sí cabe constar que Mohamed VI no sólo ejerce de facto el control de nuestra política de fronteras sino que tiene el poder de exigir y obtener cabezas de gente que le molesta. Curioso privilegio otorgado por un gobernante que no puede destituir a las ministras colocadas por Pablo Iglesias. Una muestra de lo obsequiosos que somos siempre los españoles con la gente de fuera.