España va tarde y se encienden las señales de alarma. Debería ser ya la prioridad en la agenda política y no aparece con seriedad ni en el debate. La baja ejecución de los fondos europeos, a la cola de los países comunitarios con un 67% de fondos estructurales todavía sin gastar y un 31% de proyectos sin ejecutar, no es un buen preludio sobre la capacidad que tendrá el país para absorber los 140.000 millones de euros que podría recibir del rescate europeo poscovid. Parte del dinero puede llegar ya en 2021 y el último trimestre de este año es vital. Una oportunidad histórica que puede convertirse en amenaza si se desperdician los fondos.

Hay riesgos identificados por los expertos y por quienes están en Bruselas tras la letra pequeña del nuevo fondo de reconstrucción. El combate político que manda en el país, la falta de liderazgo en el diseño y la preparación de proyectos que España deberá remitir a Bruselas para captar fondos, el escaso margen en el calendario, las dificultades que entraña que este dinero vaya a ser gestionado de forma compartida con las comunidades autónomas y los agujeros en la administración, revelados y amplificados por la pandemia, son algunas de las debilidades que los expertos escriben en rojo.

«Las autonomías han tenido problemas enormes para gastar el dinero europeo. El mayor fracaso que podríamos tener en un momento en el que Europa nos está tendiendo la mano es que no fuéramos capaces de gastar ese dinero. Sería para avergonzarnos como país. La solidaridad entre europeos en el futuro va a depender de cómo gastemos este dinero. Si lo usamos mal o no lo gastamos, van a decir esto no sirve para nada. Es fundamental para el futuro de España pero también para el futuro de Europa que demostremos que esto es un esfuerzo que hace el conjunto de Europa que sirve», advierte el economista y eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano. No pierde de vista el tenso debate que existió en la negociación de este fondo.

El calendario apremia

El próximo 15 de octubre España debe remitir a Bruselas su plan de reformas. Se trata de un documento de prioridades donde deberán fijarse objetivos concretos, calendario de aplicación y estimación de costes. Los ‘frugales’, los países más reacios a la solidaridad, dejaron claro que esperan reformas de calado en asuntos como las pensiones, la reforma laboral y sobre todo la política fiscal. A partir de entonces comienza la cuenta atrás de un papeleo donde lo más importante será la capacidad de cada país de presentar proyectos para captar fondos. El calendario fija hasta el 30 de abril para enviar los documentos finales.

«El mayor fracaso ahora que Europa nos tiende la mano es que no fuéramos capaces de gastar ese dinero. Sería para avergonzarnos como país»

La sensación general es que la clase política española aún no ha asumido lo que hay en juego ni la naturaleza de los fondos. Presidentes autonómicos como el andaluz Juan Manuel Moreno han pedido al Gobierno un anticipo de ese dinero europeo para aliviar tensiones de tesorería en una Administración «exhausta» tras el covid. Pero el dinero por venir no servirá para tapar agujeros, no son transferencias corrientes ni estos fondos ‘Next Generation’ funcionarán como los fondos estructurales Feder o Feader. Tienen otra naturaleza. La mayoría del dinero estará ligado a la presentación de proyectos y la UE va a estar más vigilante que nunca. «Se va a fiscalizar hasta el último euro, es un mecanismo nuevo, va a haber mucha presión para garantizar que el dinero va en la buena dirección», señala el politólogo Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

Moncloa, a la cabeza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 31 de julio que tutelará estos fondos mediante una Comisión Interministerial de la que se desconocen más detalles. También se ha desvelado que habrá una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación, que directamente estará en el gabinete del presidente bajo la tutela de Iván Redondo y con directivos del Ibex 35. Expertos, eurodiputados o consultores dedicados a fondos europeos alertan de que lo importante es crear una agencia que cuente con una importante asistencia técnica, en la línea de lo esbozado entre Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, con una potente unidad de preparación de proyectos.

«Será un procedimiento con garantías muy exigentes», señala José Moisés Martín, consultor de Red2Red. La gestión de los fondos del último marco ha destapado las carencias de España, un país que va a la cola de ejecución, 15 puntos por debajo de la media de la UE. No era así tradicionalmente. «La media española siempre ha estado por encima hasta que dejaron de financiarse grandes infraestructuras y vías de AVE, proyectos capaces de absorber un importante volumen de fondos», apunta. Con el último marco, 2014-2020, se tardó mucho en arrancar y aunque los datos han mejorado en el último año y muchas comunidades han pegado un acelerón, la ejecución es más baja que nunca. Además la tasa de cofinanciación de los proyectos implicaba partidas de inversión en los presupuestos autonómicos y la crisis económica no lo ha permitido en muchos casos.

Hay un interés evidente por controlar los 140.000 millones del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia. La política económica que pueda hacer España en los próximos dos o tres años va a estar unida a estos fondos, no habrá otra válvula de escape. Los expertos temen que se desempolven proyectos en los cajones de los ministerios o que las comunidades repartan estos fondos por paquetes a cada una de las consejerías. Esta es una política de Estado, no de ‘Qué hay de lo mío’; una política de los gobiernos en su conjunto que deberían asumir los presidentes y dejar a un lado los juegos de carácter partidista, advierten los expertos.

Los proyectos para captar fondos deben diseñarse a gran escala para absorber más dinero y no sobrecargar de burocracia a las administraciones

El primer cuello de botella estará en el diseño de los proyectos. Deberían ser proyectos a gran escala que no consuman muchos recursos humanos y no proyectos pequeños que consumen los mismo recursos administrativos y tienen un impacto mucho menor. Detrás de las certificaciones de los fondos europeos hay funcionarios y las administraciones autonómicas no tienen el suficiente personal destinado a esta tarea. En Andalucía se destapó un atasco importante, con solo 30 funcionarios destinados a esa misión junto a 60 interinos. El 70% de la gestión está externalizada a consultoras como KPGM.

Los precedentes de grandes planes de gasto no auguran nada bueno. El Tribunal de Cuentas detectó que parte de los casi 8.000 millones plan E de Zapatero se perdió en proyectos que no dieron resultado: «Los resultados obtenidos en los controles han puesto de manifiesto deficiencias e incumplimientos»: Hubo «inversiones que no cumplieron con los requisitos legales exigidos para su financiación». El plan de ayudas al carbón mereció un reproche similar. Según el informe de fiscalización, de las ayudas entre 2006 y 2017, 1.786 millones de euros que se han movido de forma «ineficiente», «irregular», «discrecional» u opaca. Las cuencas mineras están llenas de polígonos industriales vacíos y obras que la Administración dio por buenas aunque ni llegaron a entrar en servicio. No evitaron el declive de las comarcas.

Centralizar la gestión

Garicano apunta en este sentido: «España realmente tiene un problema muy grave para la absorción de fondos. Se presentan proyectos muy pequeños que tienen una exigencia brutal de recursos administrativos. Es fundamental ir a proyectos grandes pero no malos y mal pensados, grandes y buenos. El riesgo es importante. Haría una reflexión que tiene que ver con el diseño administrativo, es fundamental que haya un comisario del plan, que haya una oficina central, que no se distribuya a los ministerios y no se saquen del cajón planes que eran una bobada. Hemos tenido siempre una situación muy descentralizada en relación a estos fondos que ha llevado a esa parálisis porque hay autonomías que no tienen capacidad de gasto», señala el dirigente de Cs.

La intención de centralizar la toma de decisiones también entraña riesgos porque muchas de las competencias para desarrollar estos fondos son compartidas entre el Estado y las comunidades. «Ahí precisamente están los agujeros, la ineficacia en la gestión», apunta Simón. El ministerio de Sanidad se ha demostrado sin músculo para gestionar los datos del covid y para comprar material sanitario en la primera ola de la pandemia.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abordará el asunto en la conferencia sectorial y también se trasladará a la Conferencia de Presidentes, señalan desde el Gobierno. Actualmente los fondos están territorializados y también hay dudas en las administraciones autonómicas sobre si tiene sentido improvisar una fórmula nueva en la gestión de este dinero en un momento crucial.

Los Presupuestos, cuestión de imagen

España puede empezar a recibir fondos en 2021. La UE ya ha aclarado que estos fondos no están vinculados a los Presupuestos Generales del Estado. Podrán recibirse fondos aunque no haya nuevas cuentas pero nadie duda de que las señales que se enviarían a Europa en caso de que el Gobierno no sea capaz de tejer las alianzas para sacar adelante el Presupuesto sería nefasta. «Qué mensaje se manda, qué imagen de país, tendría sin duda una repercusión directa en los fondos que captemos», señala Simón.

Garicano pide esa «tregua política» y reclama «ir más allá del combate partidista». «Esto es una tabla de salvación imprescindible para España. Si no es para invertir en futuro será una losa enorme. Es una obligación moral utilizar este dinero bien. Hay una sensación de lucha partidista excesiva», sostiene el eurodiputado de la formación naranja, que forma parte del equipo de ponentes del plan de recuperación.

«Estamos negociando y lo vamos a acordar populares, socialistas, liberales y verdes. ¿Por qué no esa misma comisión en España? Vamos a acordar las normas, la condicionalidad el fondo, cómo se puede gastar el dinero. Lo estamos negociando a día de hoy, cómo es posible que estemos con eso en Europa y que en España no se hable, me parece demencial», advierte convencido de que lo ideal sería reproducir ese acuerdo a tres bandas en los Presupuestos Generales del Estado y en el desarrollo nacional de esos fondos. Un vídeo de Josep Borrell elogiando el trabajo de Garicano es buena muestra de esa sintonía europea que se diluye en España.

Transformar la administración

Hay expertos que proponen que se fije una cuantía mínima de los proyectos para captar el máximo de fondos y obligar en España a diseñar políticas a gran escala. Los sectores en los que los países deben destinar el dinero están definidos y son claros. Digitalización y transformación tecnológica, economía verde y un tercer pilar social, que implicará además a los ayuntamientos.

Hay buenas noticias. Todo el paquete verde, financiar la transición energética es caro, son grandes proyectos similares a la etapa de las grandes infraestructuras. «Esto nos va bien, porque son proyectos con una gran capacidad de absorción de fondos», señala Moisés Martín.

En la digitalización hay también una enorme oportunidad para una transformación radical de la administración española. En este punto hay más diferencias. El responsable de Red2Red ve poco margen de mejora. «El salto que hay que dar en España no es digitalizar, que no estamos tan mal, se trata de quitar carga burocrática y restar procedimientos porque no se trata de digitalizar la burocracia», apunta Moisés Martín.

Nada que ver con la visión de Garicano, que apunta a que «en la gran prioridad europea, que es la digitalización, encaja la reforma de la Administración de Justicia, de las administraciones públicas en general». «La Sanidad es otra prioridad básica, hay un capital humano importante y un carencia de capital físico. En la transición para la economía verde no solo hay que ser más verdes que nadie y tenemos que mirar los ejemplos que lideran esta transición en Europa. En Educación hay que facilitar la digitalización y que todos los niños tengan acceso a un tableta, a ordenadores, a wi-fi pero también hay que plantear la lucha contra el abandono escolar. En empleo está el gran reto de la digitalización de la formación, crear una app que impulse los cursos a trabajadores que hacían sindicatos y empresarios», defiende el eurodiputado de Cs. Parafraseando a Alfonso Guerra, «si estos fondos se usan bien a la administración española en pocos años ‘no la va a conocer ni la madre que la parió'», señala alguien que conoce muy de cerca la gestión de los fondos de la UE en Andalucía.

Hay más riesgos. Simón alerta del «peligro de caer en el populismo». «Podemos ver dádivas de rentabilidad electoral pero impacto escaso en el medio o largo plazo, por ejemplo que se prometa una tableta por niño en España, al estilo del ‘cheque bebé’ de Zapatero. Medidas que no tengan efecto transformador real pero sí un buen tirón electoral en el plazo inmediato», señala. Todo, avisan los expertos, debería estar haciéndose ya. De la euforia por el logro del fondo de reconstrucción a que este maná europeo destape las vergüenzas de España hay un trecho demasiado corto.