EL MUNDO 02/05/14
· El alto Tribunal revisará la sentencia del chivatazo policial a ETA perpetrado por dos mandos en mayo de 2006, cuando el Ejecutivo de Zapatero y Rubalcaba estaba negociando con la dirección de ETA.
· El Supremo deberá decidir si, como apuntan las acusaciones, se produjo un delito de colaboración con banda armada.
· La preocupación de Rubalcaba, que en el momento en que se produjo el chivatazo policial ocupaba la cartera de ministro del Interior, es enorme.
Ni en pintura. El PSOE no quería ver de nuevo este caso durante su campaña para las elecciones europeas. Cruzaba los dedos para que la vista del recurso sobre el caso Faisán quedara fijada para después del 25 de mayo. Pero el Tribunal Supremo ha hablado y ha decidido que sea el día 13 de este mismo mes, en plena carrera electoral para las Europeas.
Ya durante las últimas semanas, según explicaron a EL MUNDO fuentes judiciales, él y su entorno habían realizado sondeos entre representantes afines del mundo judicial para conocer su opinión sobre por dónde podían apuntar las decisiones del Supremo.
Intuían que el Alto Tribunal, por su calendario habitual, podría fijar la vista del recurso durante el mes de mayo o junio. El temor a que este episodio se cuele de nuevo en la campaña electoral era claro. Pero además, la preocupación del que fuera ministro y de su entorno es que finalmente, el Tribunal Supremo pueda entender, como apuntan los recursos de las acusaciones, que se produjo un episodio de colaboración con ETA. Porque, en ese momento, el salto cualitativo político sería enorme. Hasta ahora, la Audiencia Nacional avaló que se produjo el chivatazo y que los autores fueron dos mandos policiales, pero descartó, con un alambicado argumento, que se hubiera producido un episodio de colaboración con ETA. Entendió, y por eso fueron condenados el que fuera jefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamiés y el inspector jefe de Policía destinado entonces en Vitoria José María Ballesteros, que se produjo únicamente un delito de revelación de secretos.
Si el Supremo entendiera que existió colaboración con banda armada, la condena subiría de los siete años para cada uno de los acusados y, sin duda, deberían ingresar en prisión, y perder su condición de funcionarios públicos. Además de la situación compleja que generaría tener en prisión a dos mandos policiales que saben y guardan sigilo sobre quién o quiénes les dieron las órdenes de realizar ese chivatazo, la crítica política podría volver al primer plano de la actualidad.
Conviene no olvidar que entre las acusaciones, además de las asociaciones de víctimas, está el Partido Popular, que, pese mantener un tono discreto durante el juicio oral, sí recurrió la sentencia al entender que se trató de un episodio de colaboración con ETA. Quien si tiró de las riendas con fuerza y solvencia, con ganas de conocer toda la verdad, fue la asociación Dignidad y Justicia, liderada por Daniel Portero.
La sala del Supremo que el próximo día 13 de mayo estudiará los recursos presentados contra la sentencia está compuesta por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero Menéndez, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde Ferrer, éste último presidirá la sala.
Monterde pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura. Formó parte del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001 a propuesta del Partido Popular. El chivatazo del bar Faisán, tal y como recoge la sentencia de la Audiencia Nacional, se produjo el 4 de mayo de 2006, en el bar del mismo nombre, en Irún. Aquella mañana, Ballesteros, siguiendo instrucciones de Pamiés, entró al bar y le dio un teléfono móvil a Joseba Elosua. Al otro lado del móvil estaba Pamiés, quien alertó a Elosua de una inminente operación policial contra el entramado de extorsión de ETA. Elosua era uno de los integrantes de esta trama que iba a ser detenido. El motivo de esta alerta era «para que no se fastidiara el proceso», como contó Elosua poco después en su coche en una conversación que fue grabada.
La mañana en que se produjo el chivatazo, Zapatero recibía en La Moncloa al entonces líder del PNV y ahora número dos de Repsol, Josu Jon Imaz, que le trasladó el apoyo de su formación a las negociaciones con ETA.
La investigación judicial de este caso atravesó un tortuoso camino. Fue el magistrado Fernando Grande-Marlaska quien, cuando ocupaba interinamente la silla del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dirigió las pesquisas. Tuvo que soportar maniobras de distracción y una campaña de acoso al equipo policial que investigó el caso. De forma precipitada retornó a su plaza Baltasar Garzón cuando Grande-Marlaska trataba de poner nombres y apellidos a los que dieron la orden política de perpetrar el chivatazo.
Con Garzón, las pesquisas quedaron en fase durmiente y, sobre todo, silenciosa. En aquel momento, la Fiscalía llegó a solicitar, incluso, el archivo de la causa. Los procesos judiciales iniciados contra el magistrado Baltasar Garzón le apartaron de su juzgado y el sumario quedó en manos del tercer juez, Pablo Ruz.
Éste realizó las últimas pesquisas y tuvo que sortear un último obstáculo, protagonizado por el juez Gómez Bermúdez, para tumbar todo el sumario.
EL MUNDO 02/05/14