Opinión, EL CORREO, 14/6/11
El Tribunal Constitucional precisa con urgencia de un amplio consenso político
La renuncia formalizada por el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, y dos de sus vocales, Javier Delgado y Elisa Pérez, alegando que su mandato expiró en noviembre del pasado año sin que las Cortes procedieran a su renovación, no solo pone en evidencia este último hecho; revela también que el alto tribunal precisa un amplio consenso político que procure su legitimación activa y el puntual relevo de sus integrantes. La negativa del presidente, Pascual Sala, a aceptar las dimisiones con el argumento de que el tribunal requiere del concurso de todos sus integrantes, lejos de representar un último gesto que interpele a la responsabilidad de las fuerzas parlamentarias, puede perpetuar la anomalía. La contundencia de las razones expuestas en sus respectivas cartas por los dimisionarios -Gay llega a hacer patente la sensación de que el Tribunal se encuentra «secuestrado»- demanda mucho más que una respuesta voluntariosa por parte de Sala. Sobre todo, teniendo en cuenta con qué prontitud los dos principales partidos, el PP y el PSOE, se echaron mutuamente las culpas de lo sucedido. Porque si el pulso que protagonizan socialistas y populares imposibilita la renovación del Constitucional en lo que resta de legislatura, permitiendo que sea cuestionada la propia legitimidad del órgano y sus decisiones, nada garantiza que, tras la celebración de las próximas generales, la situación del alto tribunal se normalice, sino todo lo contrario. El sistema que la Constitución establece para la elección de sus magistrados -cada cámara de las Cortes designa a cuatro por mayoría de tres quintos; el Gobierno a otros dos y dos más el CGPJ- exige un clima de concordia del que la política española carece hoy. Los partidos que conforman el poder Legislativo no pueden propiciar por omisión que se cuestione la existencia misma del Constitucional mientras eluden abordar con franqueza y responsabilidad el futuro de tan relevante instancia. Pero los integrantes de esta tampoco pueden responder a semejante estado de cosas permaneciendo en sus puestos mientras la tarea del Tribunal que debe actuar como intérprete supremo de la Carta Magna se ve directamente afectada por las controversias políticas.
Opinión, EL CORREO, 14/6/11