EL MUNDO – 25/10/14
· Mas no piensa convocar por escrito la nueva consulta para «esquivar las minas» del Estado.
Los ayuntamientos catalanes que no controlan los partidos nacionalistas están tratando de blindarse ante las presiones de la Generalitat de que cedan instalaciones y propongan voluntarios para colaborar con el «proceso participativo» del 9 de noviembre. Varios alcaldes del PP ya han contestado a los requerimientos del Govern apuntando que «únicamente en el supuesto de que el proceso se realice con garantías legales, estatutarias y constitucionales» podrían plantearse algún tipo de colaboración.
Y garantías son precisamente lo que la Generalitat no quiere ofrecer con vistas al 9-N. Artur Mas está obsesionado en «poner las cosas difíciles» al Gobierno, y por ello no quiere dejar por escrito ninguna orden con respecto a la convocatoria. Como publicó este diario el jueves, esa opacidad ha provocado que los sindicatos de profesores exijan que les notifiquen oficialmente cuál va a ser su papel durante la votación, que en la mayor parte de los casos se celebrará en institutos.
Pero que las presiones no sean públicas no quiere decir que no existan. Fuentes conocedoras de la situación denuncian que los ayuntamientos catalanes están recibiendo requerimientos hasta por tres vías diferentes.
La primera: los delegados territoriales del Govern en cada provincia, que exigieron la semana pasada a los alcaldes que devolvieran cumplimentado un documento tipo en el que se comprometieran a «poner a disposición de la Generalitat» algunos equipamientos municipales para acoger las urnas.
Esto sucede en los municipios, generalmente pequeños, en los que el Govern no dispone de ningún local de titularidad propia. Pero varios alcaldes del PP han obviado ese documento y han respondido que cederán algún espacio «únicamente en el supuesto» de que se cumplan esas garantías legales y constitucionales.
La segunda vía de presión a los ayuntamientos en los que no dispone de institutos se articula en torno a la Asociación Catalana de Municipios (ACM), ente que agrupa a cientos de ayuntamientos catalanes y estrechamente vinculado a CiU. Mediante un mensaje al que ha tenido acceso este diario, la ACM pide que «se ofrezca a la Generalitat un espacio municipal» para evitar «las molestias de tenerse que desplazar a otros municipios» para participar en el sucedáneo de consulta.
La tercera vía es en realidad la primera en el tiempo, porque todas estas presiones empezaron el 27 de septiembre con una carta de la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, dirigida a todos los alcaldes. El mismo día en que el presidente de la Generalitat firmaba el decreto de la consulta hoy suspendida, Ortega pedía a los ediles que «designasen» a una persona como «coordinador municipal» para el 9-N y confirmasen la distribución de mesas electorales propuestas por el Ejecutivo catalán.
Pero en menos de un mes las cosas han cambiado hasta el punto de que el presidente de la Generalitat confirmó ayer que no piensa dejar por escrito, ni ahora ni nunca, sus intenciones de cara a la jornada del 9 de noviembre. «Yo no tengo previsto convocar por escrito. Antes íbamos de cara, con luz y taquígrafos, pero si actúas así el Estado español te hunde. Esto es un campo de minas que pone el Estado, y a veces tienes que dar algún brinco para esquivarlas, aunque a veces parezca que estás haciendo el ridículo», se justificó.
EL MUNDO – 25/10/14