Sólo un día después de que el Gobierno cumpliera su compromiso con los independentistas para autorizar el uso de lenguas cooficiales en el Congreso y promover su oficialidad en la UE, Junts ha enunciado una nueva reclamación.

El partido de Carles Puigdemont no va a dejar de aprovechar la debilidad numérica, la indulgencia y la inescrupulosa disposición del candidato socialista a claudicar en materias sensibles. Y por eso sigue forzando a Sánchez a subir la puja por los votos de Junts en la subasta de su investidura.

Los de Puigdemont han pedido la condonación de la presunta, y por supuesto imaginaria, «deuda histórica del Estado con Cataluña», que han cifrado caprichosamente en 450.000 millones de euros. El delirio llega hasta el punto de exigir una Seguridad Social propia y la transferencia de la cuantía correspondiente a la «hucha de pensiones» catalana, como si este fondo fuera fraccionable territorialmente.

Esta falacia de «los últimos 30 años de infrafinanciación» de Cataluña se desmonta rápidamente, como explica hoy EL ESPAÑOL, si se atiende a que la región ha recibido, con el Gobierno actual, los mayores recursos de su historia. Un 42,6% más que en los últimos cinco años de Mariano Rajoy.

Pero lo relevante es que el independentismo se encuentra crecido después de que la huida hacia delante de Sánchez lo haya colocado en la mayor posición de poder que ha conocido. Desde Junts ya adelantaron que la obtención de la amnistía no haría que renunciasen al referéndum de autodeterminación. Y ahora sabemos que tampoco se olvidarán de la tercera pata del banco de sus exigencias: la refinanciación de la abultadísima deuda catalana.

Mientras tanto, Sánchez se muestra impasible ante el incendiario proceso destituyente que está amparando por su obcecación en revalidar la presidencia del Gobierno. Desde Nueva York ha vuelto a quitarle hierro a una situación en verdad dramática, atribuyendo la razonable alarma ciudadana a «las profecías apocalípticas de que se hunde España» de la derecha.

Para minimizar también la importancia de la creciente contestación dentro de su partido a la amnistía que prepara, el presidente ha relegado las críticas internas a una indignación en «el PSOE de ayer».

Y precisamente a ese intento de confinar en la historia remota del PSOE la oposición a los pagos al independentismo han respondido este miércoles Alfonso Guerra en la presentación de su último libro, en compañía de Felipe González.

Los dos exdirigentes socialistas se han reivindicado ellos también como parte del PSOE. Del PSOE de hoy, y no del de ayer. Con justicia, han alegado que ellos se limitan a defender lo consignado en el programa electoral y lo decidido en el último Congreso del PSOE en 2021.

Y por eso Guerra ha imputado a Sánchez ser el auténtico «disidente», pasando a glosar los sucesivos cambios de postura del partido bajo su mandato.

Recrudeciendo el tono de sus anteriores invectivas contra Sánchez, con un discurso lapidario como no se le había escuchado antes, Guerra ha acusado al secretario general de «desleal» y ha tildado a la amnistía de «humillación». Una desautorización a la que se ha sumado González, refiriéndose al presidente como un «perdedor de elecciones».

Este clima de antisanchismo dentro del PSOE tiene una entidad mayúscula. Porque junto a Guerra y González se encontraba en Madrid prácticamente la totalidad del partido que no le debe fidelidad a Sánchez. Una evidencia más de que el PSOE como tal ya no existe. Sólo quedan unas siglas rotas y vacías, y una maquinaria de poder personalista al servicio de un hiperliderazgo temerario.

Es verdaderamente grave que Sánchez haya metabolizado el argumentario independentista para justificar que no se juzgue a Puigdemont. Eso es lo que ha hecho al defender que la situación en Cataluña «nunca tuvo que derivar de una crisis política en una acción judicial».

«Devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política» significa, para el presidente, justamente lo que han criticado Guerra y González. Ceder al «chantaje» de «un partido que representa al 1,6% de la población» y permitir que «se salte la legalidad», premiándole con una medida «inconstitucional».

Se equivoca el presidente si piensa que su resultado del 23-J le ha absuelto de su reprobable política de alianzas, o que esto prueba que la mayoría de españoles comparten su modelo de gobierno. La multiplicación de señales de alerta debería bastarle a Pedro Sánchez para recapacitar y rectificar su rumbo insensato hacia el pacto de Estado con el PP que le ha pedido González.