JOSEBA ARREGI, EL MUNDO – 19/08/14
· El autor cree que la reforma de la Constitución no debe estar condicionada por las exigencias nacionalistas.
· Apuesta por crear instituciones de multilateralidad que garanticen la cohesión y la lealtad de las autonomías.
Sorprende cómo el vocabulario utilizado para describir los problemas políticos actuales y la manera de acometer su solución se acercan a la terminología militar clásica: establecer líneas rojas, blindar las competencias, cavar trincheras –que es lo que significa afirmar que hoy no existe el consenso del 78 en torno a la Constitución: claro que no, ¡por eso es preciso reformarla!–. Y además de la terminología militar, el mismo vocabulario pone de manifiesto elementos del dogmatismo religioso: escuchamos sin cesar la llamada de laicos nuevos Bautistas llamando a un nuevo comienzo, a la conversión, porque el hacha ya está en la raíz del tronco dispuesta a hacer su trabajo. O escuchamos la petición de principio dogmática por excelencia: los Evangelios dicen que la Iglesia está fundada en la piedra que es Jesucristo. ¿Y quién dice que los Evangelios dicen eso? La propia Iglesia. En términos seculares: la Constitución sólo la pueden cambiar todos los ciudadanos. ¿Quiénes son todos? Los que dice la Constitución, luego es imposible que nadie salga de la Constitución de forma constitucional. Perfecta definición de una cárcel, que dirían los nacionalistas.
Cuanto más se tarde en reformar la Constitución, peor para esa misma Constitución, pues habrá que hacerlo tarde, de prisa y corriendo, y, como consecuencia, mal. Barbara Tuchman –The March of Folly. From Troy to Vietnam– escribe que en ocasiones paradigmáticas de la historia, los responsables conocían todo lo que era necesario para actuar correctamente –Troya, el Vaticano de los papas del Renacimiento, Jorge III, Vietnam– pero que fueron incapaces de hacerlo. Espero que la historia de la Constitución española no sea un ejemplo a añadir a esa serie.
Es cierto, vaya en descargo de los responsables actuales del Gobierno y del partido que lo apoya, que no es nada fácil compatibilizar las distintas y enfrentadas exigencias que se plantean para la reforma de la constitución. Pero este descargo si para algo debiera servir, sería para esforzarse aún más en liderar la búsqueda de un consenso. Y el punto de partida debiera ser que la Constitución debe ser reformada al servicio de ella misma, no como instrumento para solucionar los problemas planteados por los nacionalismos periféricos: esta instrumentalización acabaría creando más problemas que los que se pudieran resolver.
España como Estado descentralizado política y administrativamente adolece de falta de mecanismos multilaterales que representen y cohesionen al conjunto plural y diverso. El poder central no está interesado porque cree que su poder aumenta si se mantiene en el ámbito de las relaciones estrictamente bilaterales entre centro y cada elemento de la periferia, según la divisa de divide y vencerás. Los elementos autónomos, las CCAA, prefieren también la relación bilateral con el centro porque así se sienten más valoradas, creen que su poder crece, tienden a sentirse iguales, máxime si están regidas por nacionalistas. Además, sobre la base de que las autonomías sólo serán responsables en el gasto si asumen parte de la responsabilidad en el ingreso vía competencia en impuestos, los gobernantes autonómicos han visto campo libre para jugar con ellos, no necesariamente asumiendo responsabilidad, sino todo lo contrario.
Por esta razón, y recordando con cuánto agrado han sido recibidas recientemente las palabras de la canciller alemana Angela Merkel acerca de la imposible independencia de Cataluña, conviene resaltar su consejo de que en Alemania tienen un sistema que permite dar juego a las autonomías. Por ello se pueden resaltar varios rasgos del sistema federal alemán de los que se puede aprender. En primer lugar, el Senado está compuesto por los gobiernos autonómicos, de los estados federados en lenguaje alemán: los más poblados tienen seis votos, los menos poblados, tres. El Senado no es sólo cámara de primera instancia en cuestiones que afectan a las autonomías, sino que tiene poder de veto sobre las decisiones de la cámara baja, del Bundestag, en determinadas cuestiones –sobre todo en fiscalidad, pero también en otras–. La responsabilidad fiscal la asumen las autonomías en conjunto a través de su capacidad de veto en el Senado, no a través de la posibilidad de elevar impuestos, o añadir porcentajes a los existentes.
En segundo lugar, el reparto básico de los ingresos del Estado –y Estado son la administración general y las administraciones autonómicas, el gobierno federal y los gobiernos de los Länder, por lo que es absurdo el lenguaje de la Constitución española que dice que el Estado, en realidad el gobierno central, puede ceder ingresos a las autonomías– se establece en la propia Constitución, con lo que se detrae de la negociación permanente, de la queja permanente, de la exigencia permanente de la periferia hacia el centro, constituyéndolo siempre en culpable, y con las mismas víctimas siempre, las autonomías.
Si se establece este doble sistema de participación y corresponsabilidad en el sistema fiscal a través de la capacidad de veto del Senado y a través de la fijación de los parámetros principales de reparto en la propia Constitución, en buena medida queda regulada la cuestión de las competencias: las competencias están marcadas y limitadas por la capacidad de gasto regulada por la corresponsabilidad en el Senado y el reparto establecido en la Constitución. Un poco de marxismo no viene mal de vez en cuando.
Pero hace falta, también, sentido común. En muchos editoriales y en artículos de opinión se puede leer estos días que el Gobierno debe dialogar, buscar el entendimiento, hacer propuestas para que los nacionalistas no radicales se desmarquen del soberanismo. Y en todas estas propuestas de entendimiento se habla de lo que el Estado, el Gobierno central debiera ofrecer: reconocimiento de la nación catalana, de la singularidad catalana, mejora de la financiación, respeto por la exclusividad de la política lingüística –entiéndase aceptar la inmersión lingüística en la escuela–. Pero no se ve en ninguna parte lo que el otro dialogante, la otra parte del entendimiento, ofrece. Si se busca un nuevo pacto: ¿qué ofrecen los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos para llegar a un acuerdo? ¿O el pacto sólo es posible con ofertas y cesiones de una sola parte contratante? No estaría mal que se pudiera leer por alguna parte algo que suene a lealtad constitucional como contrapartida, a asunción del sistema constitucional y del Estado de derecho, con la consecuencia de la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias. De otra forma no se trata de un nuevo pacto, sino de un nuevo paso hacia un futuro que sigue siendo el mismo: queja, acusación, frustración y más radicalidad nacionalista.
Valga el ejemplo de la política lingüística. Pedir competencia exclusiva sobre una lengua en una sociedad bilingüe es exigir competencia exclusiva sobre las dos lenguas en esa comunidad: la competencia exclusiva sobre el catalán en Cataluña incide directamente sobre el castellano o español en esa comunidad. Pero Cataluña no puede pretender competencia exclusiva sobre el español en Cataluña. Sería absurdo. Se trata de sentido común: en una comunidad bilingüe no puede haber competencia exclusiva sobre una de las lenguas sin incidir directa y exclusivamente en la otra.
En términos de juego de cartas como el mus, no es posible contraponer a un órdago a la grande un simple envido a la pequeña, regalando, además, los tantos. Si el problema es de lealtad constitucional, éste es el tema que se debe plantear. Y debe ser planteado de cara. Si el problema es de crear y consolidar mecanismos e instituciones de multilateralidad para cohesionar el conjunto como conjunto plural y diverso, debe hacerse también de frente, y no como instrumento para algo distinto. Los dos problemas existen. Los dos requieren respuesta rápida. Cada una por su cauce, pero sin mezclarlos, y menos creyendo que por no decir que hay un problema de lealtad constitucional, el problema deja de existir y puede ser resuelto vía algo que a la postre va a ser considerado por los nacionalistas radicales como menudencias que engordan la melancolía y la frustración.
Si la situación llega a lo que los americanos denominan el tipping point, el punto en el que la tendencia se invierte, pronto se verá que no pocos españoles van a reclamar un referéndum para pedir a vascos y catalanes que se vayan, para poder vivir en paz, quizá más pobres, pero ocupados en resolver problemas y no en buscar salidas a quienes no las quieren.
Joseba Arregi fue consejero del Gobierno vasco y es ensayista y presidente de Aldaketa.
JOSEBA ARREGI, EL MUNDO – 19/08/14