El sanchismo ha hecho de España el país de las primeras veces. Es la primera vez que un fiscal general destruye pruebas en su despacho, es la primera vez que se fuerza una amnistía alegal a cambio de votos de investidura, y es la primera vez que la mujer de un presidente del Gobierno es imputada por cinco delitos, o que su hermano lo es por dos. Es la primera vez que se abraza sin rubor a Bildu, o que se gobierna con ministros comunistas, o que llamamos chistorras y no ‘bin ladens’ a los billetes de 500 euros, o que se regala al Sahara a Marruecos, o que un país boicotea su propia Vuelta Ciclista, o que deja de influir en las decisiones internacionales relevantes, o que llama “diálogo” a someterse a un prófugo. Demasiadas primeras veces para ser digeridas de golpe.

Estos días, al hilo del ingreso en prisión de Nicolas Sarkozy, o recordando el presidio de Lula, o la condena del colombiano Uribe, salvada in extremis con una extraña absolución exprés, surge una pregunta que hasta ahora era impensable en España. ¿Y si por primera vez un presidente del Gobierno español fuese condenado por cometer un delito doloso en el ejercicio de su cargo? O sea, por corrupción. Admitamos de inicio que es un planteamiento arriesgado e improbable… pero no imposible. Y menos, con Aldama suelto y locuaz. Las cosas suceden cuando uno fuerza su suerte al límite creyéndose inmune e impune.

En otros países muy cercanos, con presidentes con apariencia de honorabilidad, credibilidad social, carisma y liderazgo, ha ocurrido. Aquí hubo algún que otro ministro en la cárcel, pero presidentes, en democracia, no. Todavía. Y no es fácil que ocurra. Tiene que ser muy grosero y evidente el desfalco penal a la democracia cometido por un presidente. Y de momento, con Sánchez aún estamos en el momento procesal de esa paparrucha inservible del reproche moral y demás minucias, que no sólo no le importan, sino que son su coartada para jactarse de la carencia de ética pública desde Moncloa.

Desde 1992 (y ya antes desde 1983) España dispone de un decreto que regula la actividad, derechos y privilegios de los presidentes del Gobierno cuando dejan de serlo. Se trata del Real Decreto 405/1992, que establece su derecho a una pensión indemnizatoria equivalente al 80 por ciento de sus retribuciones, sin límite de plazo (o sea vitalicia), así como a la asignación de personal a su servicio, escolta y coche oficial. Hasta aquí, todo lógico. Cuestión de dignidad y de agradecimiento institucional con quien ha ostentado tan alta responsabilidad.

Pero en esta España de las primeras veces hay algo que nunca habíamos pensado. Han surgido con Sánchez tantos abusos ‘creativos’ en el sistema, muchos ya avalados por el TC de Conde-Pumpido, que el legislador nunca previó, sencillamente porque no podía imaginarlo, que un presidente condenado por delito doloso en el ejercicio de su cargo dejase de percibir la pensión vitalicia a la que tiene derecho en virtud precisamente de haber sido jefe del Gobierno. Y ello, claro, con los derechos futuros aparejados para su cónyuge, si se diese la circunstancia.

Por eso no es muy arriesgado aventurar que pese a una eventual condena por corrupción, la mujer de un presidente terminase con el tiempo siendo partícipe o beneficiaria de una pensión vitalicia sufragada con los impuestos de los españoles sin que haya una mínima previsión legal que lo impida. Es un derecho adquirido sencillamente porque nunca nadie acertó a prever lo que está ocurriendo ahora, con Begoña Gómez al borde del banquillo de los acusados por cinco delitos. La paradoja, si se produjese, crearía un extraño agravio, una sorprendente paradoja de difícil comprensión por muy ajustado a derecho que esté… El Estado, pagando y agradeciendo los servicios prestados a quien ha usado precisamente la estructura de ese Estado, su influencia y la relevancia del cargo de su marido para incurrir en maniobras corruptas (presuntas, ya sé) para beneficiarse. El contribuyente… pagando a escote, ‘ad aeternum’ y en diferido a quien le ha estafado (sí, presuntamente) utilizando dinero público para fomentar sus negocios privados.

Son demasiados los debates inéditos que está abriendo el sanchismo, demostrando bien la ingenuidad del sistema, bien su debilidad. No hay doctrina ni jurisprudencia que indique cómo actuar en ese supuesto virtual de un jefe del Ejecutivo, o de un beneficiario de los privilegios pensionados inherentes a ese cargo, que pueda resultar condenado en circunstancias tan complejas como las que hoy apuntan al entramado procesal de Begoña Gómez. Como mínimo, invita a una reflexión porque con la ley vigente en la mano, un presidente corrupto cobraría. Claro que cobraría. Y su cónyuge, puede que también por inferencia.

Aparte queda la Ley Orgánica 3/2004, que atribuye a los expresidentes la opción voluntaria de acceder al Consejo de Estado como “consejero nativo” y vitalicio con un sueldo superior a 100.000 euros anuales hasta su renuncia. Se trata de otro derecho que tiene lógica. ¿Cómo desaprovechar en un Estado que alguien que ha sido presidente del Gobierno aporte su experiencia al máximo órgano consultivo que tiene cualquier Ejecutivo en materias legislativas cruciales? Lo cierto es que, y salvo en un breve periodo, sólo José Luis Rodríguez Zapatero optó por esa alternativa. Luego ya se dedicó a estas cosas de las mediaciones, las consultorías, los asuntos públicos y el ‘business’ puro y duro. Lo que viene siendo ganar dinero de verdad y no 100.000 eurillos para matar el tiempo jugando al golf con vitola de jarrón chino.

¿Legalmente sería factible que Pedro Sánchez accediera al Consejo de Estado? Sí, naturalmente. ¿Incluso con su mujer hipotéticamente condenada por una cadena de corrupción cometida precisamente por ser quien es y utilizando la influencia de su condición de ‘esposa de’? Sí, naturalmente. ¿Sería lógico, sería aceptable, sería ejemplar? De tantas primeras veces, las torsiones a las que el sanchismo está sometiendo a nuestro sistema acabarán con un esguince en nuestra democracia. Eso, si no acaba en rotura. Nunca conviene adelantar acontecimientos, ni prejuzgar condenas que no existen, pero si aportar luz al legislador puede servir de algo… Por lo que pueda pasar. Que Hacienda somos todos.