IGNACIO CAMACHO – ABC – 10/11/15
· Este pronunciamiento requiere un gesto de autoridad que restituya la jerarquía democrática. Con vencedores y vencidos.
Es una provocación, pero también una sedición. Como desafío, hay que ganarlo; como rebelión, hay que castigarla. Se trata de un levantamiento de las instituciones de Cataluña –el Parlamento autonómico es a día de hoy, con el Gobierno en funciones, el único poder en ejercicio en la comunidad– contra la soberanía española y las leyes del Estado, y eso se llama golpe. Por tanto, no basta con desactivarlo; es menester que no quede impune. Este pulso exige vencedores y vencidos y resulta evidente que España no puede salir derrotada.
Como declaración de independencia, aunque gradual, la resolución soberanista constituye una traición a la mayoría de los catalanes y una expresión de hostilidad hacia el resto de los españoles. Los separatistas han ido demasiado lejos y les toca asumir las consecuencias. Lo que han hecho representa una barbaridad jurídica y un desafuero político; lo saben y aun así han seguido adelante con el propósito de abrir graves heridas en la convivencia nacional. Un acto así, de deliberado carácter agresivo, requiere una respuesta concluyente, categórica, severa.
La moción debe ser descarrilada, pero no basta con la displicencia legalista ni la severidad retórica; se impone un gesto de autoridad que restablezca el principio de jerarquía democrática. Si no hubiere lugar a reclamaciones penales –difíciles de exigir en una decisión parlamentaria– tendrá que haberlas de naturaleza política.
Acostumbrado como está a contar con la laxitud desmayada de un Estado de tendencia contemplativa, el soberanismo ha de empezar a entender que se ha acabado el tiempo de las actitudes pusilánimes. Que los españoles demandan a su Gobierno, a sus partidos y a sus instituciones el ejercicio contundente y explícito de su papel de salvaguarda de los derechos y las libertades. Y que ante una agresión a la concordia colectiva no se van a conformar con un papeleo de abogados. Las autoridades catalanas han rebasado todos los límites de la deslealtad y esa conducta inamistosa reclama la aplicación de toda la pujanza civil del Estado.
Para los gobernantes españoles y para quienes aspiran a serlo, este pulso supone una prueba de coraje moral y de responsabilidad. Hay un estado de opinión soliviantado, tenso, cercano a la indignación, que no conviene excitar con sobreactuaciones, pero que tampoco se puede orillar con formalismos indolentes. Ya ha resultado difícil de entender la permisividad jurídica ante una sesión convocada para perpetrar un delito de desobediencia.
Llegados hasta aquí, los ciudadanos necesitan comprobar que su nación dispone de estructuras institucionales articuladas con suficiente peso específico para no dejarse chulear. Es esta una hora complicada que llega después de muchas incomparecencias. Ahora es el momento de responder a la «desconexión» conectando el Estado a la red de energía de la que nunca debió desenchufarse.
IGNACIO CAMACHO – ABC – 10/11/15