El mimetismo irlandés lleva a la izquierda abertzale (y EA) a emplear expresiones como «alto el fuego verificable». Pero aquí, para verificar el alto el fuego (incluyendo el cese de la extorsión) basta con leer los periodicos; la verificación de Mitchell tenía que ver con la entrega de las armas, requisito que ETA demorará todo lo posible.
A los jefes de ETA lo que más les gustó siempre del proceso de paz irlandés es su larga duración. Doce años transcurrieron entre la declaración de Downing Street, en 1993, y la orden del IRA a sus miembros, en 2005, de «depositar las armas». La expectativa de más de una década de negociaciones debe resultar estimulante para los dirigentes de un grupo armado al que casi todo el mundo pronostica poco futuro. Sobre todo, si se considera que el cese de las «acciones ofensivas» es compatible con la continuidad de la extorsión.
La declaración de los encapuchados ha sido interpretada por Batasuna como un primer paso al que deberían seguir otros en aplicación de la estrategia de si mueves, muevo: a la decisión del brazo armado de no realizar «acciones ofensivas» tendría que seguir la disposición del Gobierno a autorizar la participación electoral del brazo político. Y luego, el resto de las «condiciones mínimas para el desarrollo del proceso democrático», recogidas en el documento conjunto de EA y la izquierda abertzale difundido la víspera de la emisión del vídeo de ETA por la BBC.
Ese documento conjunto dice estar inspirado en los llamados Principios Mitchell, en referencia al senador norteamericano George Mitchell que presidió la comisión internacional sobre el conflicto irlandés. El paralelismo con el País Vasco resulta algo forzado porque esos principios tenían que ver con la existencia en el Ulster de organizaciones terroristas en los dos bandos enfrentados. Se trataba de establecer las condiciones de participación en el diálogo acordado entre Londres y Dublín de los partidos asociados a grupos paramilitares. El primer principio era el compromiso de utilizar solo medios pacíficos, y el segundo, exigir a sus paramilitares un desarme verificado por una comisión independiente. El Sinn Fein se oponía a esto último alegando que la más eficaz entrega de las armas era el compromiso de no usarlas. Londres replicaba diciendo que una vez que los partidos habían abandonado la justificación de la violencia, no había ninguna necesidad de armas paramilitares.
El mimetismo irlandés lleva a la izquierda abertzale (y EA) a emplear expresiones como «alto el fuego verificable»; pero, en el caso de Euskadi, para verificar que se mantiene el alto el fuego (incluyendo el cese de la extorsión) basta con leer los periodicos; la verificación de Mitchell tenía que ver con la entrega de las armas, requisito que ETA, de acuerdo con su intención de hacer durar la cosa, está interesada en demorar todo lo posible.
Renunciar a la violencia significa renunciar a obtener ventajas políticas de su cese (mediante la negociación). Y a esto ni ETA ni Batasuna han renunciado. En un comunicado conjunto de EA y la izquierda abertzale difundido hace 12 días se aclaraba que sus condiciones mínimas para un proceso de negociación basadas en los principios Mitchel, conocidas la víspera, eran un desarrollo de su acuerdo para «conseguir un Estado vasco independiente mediante la acumulación de fuerzas».
El PNV ha venido desmarcándose de esos planteamientos, pero ha creado alguna inquietud su anuncio de que «tomará alguna iniciativa» propia ante el alto el fuego. Sin duda, para no quedarse al margen, aislado entre el polo soberanista y los partidos constitucionalistas. Es posible que ese anuncio sea el resultado del difícil equilibrio interno entre las posiciones de Urkullu y Egibar; pero un desmarque del PNV ahora (rompiendo el consenso en la respuesta al anuncio de los encapuchados) sería un refuerzo evidente para las pretensiones de estos últimos, que suelen medir el éxito de sus iniciativas por los movimientos que provocan en el nacionalismo mayoritario.
Esto ocurre cuando el Gobierno de Zapatero negocia el apoyo del PNV a sus Presupuestos. Si se admite que es legítimo exigir competencias a cambio de ese apoyo, sería lógico que Zapatero reclamara a su vez , como parte del acuerdo, lealtad del PNV a la política antiterrorista de los Gobiernos español y vasco: especialmente, el rechazo a cualquier planteamiento que implique una negociación política como condición para la retirada de ETA.
Retirada de ETA significa su desaparición, sin que quepa esquivar ese destino jugando con las palabras: «No quiero oír nada acerca de un alto el fuego de seis meses o de seis años: nada de temporal, indefinido o condicional; nada de [violencia] defensiva o en venganza contra alguien; solo que se ha acabado. Y punto. Si no, me retiro (…) y ellos, el IRA, se pueden volver a otros 25 años de asesinar y de ser asesinados. [Pero] ¿para qué? Porque después de esos 25 años volverán justo donde están ahora, sin nada en absoluto excepto más miles de personas muertas». (Palabras del primer ministro de la República de Irlanda, Albert Reynolds, recogidas en un libro sobre los inicios del proceso de paz por su jefe de prensa, Seán Duignan, y citadas por Rogelio Alonso en Irlanda del Norte. Una historia de guerra y la búsqueda de la paz. Madrid. 2001).
Patxo Unzueta, EL PAÍS, 16/9/2010