En aquellos días de marzo cuando la pandemia golpeó a España con extremada violencia el presidente Sánchez dijo que estábamos librando una guerra contra la enfermedad. Un mes después, el 12 de abril, en una de sus alocuciones televisivas pronunció, ocho veces la palabra guerra, aderezada con expresiones bélicas como: victoria, batalla, frente, armas, enemigo, primera línea. Ya nos había prevenido de que desde la Segunda Guerra Mundial la Humanidad no se había enfrentado a un enemigo tan letal. Y no era únicamente retórico porque esa situación permitía al Gobierno dictar estados de alarma, restringir la movilidad, dejar en mínimos la actividad económica, atrincherar a los ciudadanos o decidir con quién se puede cenar en Nochebuena. Un poder casi omnímodo sobre los ciudadanos; como en una guerra.

Hasta aquí todo parece inevitable. Incluso razonable. Lo que no parece tan razonable es que con la sociedad española agarrotada por el miedo a la enfermedad, el miedo a perder el empleo, sin libertad de movimientos, dependiendo el estado para subsistir (ERTE), se puede, moralmente, hacer una política intensamente partidista como si el país viviera una situación normal. Lo acaba de decir Joe Biden: «Estamos en guerra contra el virus, no unos contra otros». En aquellos días de conmoción, miedo, estado de alarma y aplausos a los sanitarios, se llegó a hablar de reeditar unos Pactos de La Moncloa. Una suerte de alto el fuego de la política partidista para situar todas las energías nacionales en la batalla contra el enemigo común. Un tiempo muerto para suspender temporalmente la confrontación ideológica. Pero pronto se olvidaron aquellas buenas intenciones de reeditar la generosidad de Suárez en la Transición.

Más bien, al contrario. El Gobierno de coalición (social-comunista en expresión de Pablo Iglesias) se apresuró a abordar temas tan trascendentales para el conjunto de la nación como la educación (ley Celaá); ‘ministerio de la verdad’ (ley sobre la desinformación), la convivencia (Memoria democrática) como si la legislatura fuese normal, como si no estuviésemos en una guerra. Temas que requieren consenso y reflexión como la eutanasia; o consulta y debate con los sectores afectados (educación) se afrontaron como batallas contra la derecha. Apagón en la transparencia. Y, para poner la guinda al pastel, una campaña contra la monarquía constitucional que sostiene la cohesión nacional. El resultado está a la vista. En lugar de lo que dice Biden, no estamos en guerra contra el virus, sino entre nosotros. O el Gobierno pisa el freno o el país no aguanta este nivel de confrontación toda la legislatura. Se impone el alto el fuego.