En el paisaje destruido de la política española no queda sitio para ocuparse del alarmante auge del narcotráfico. Hay muchos policías y guardias civiles jugándose la vida frente a bandas de delincuentes pertrechadas con armamento pesado capaz de atravesar chalecos antibalas, como sucedió en Isla Mayor el pasado sábado, sin que los gobernantes se den por concernidos ante la frecuencia creciente de esa clase de episodios dramáticos. Los enfrentamientos se multiplican en el Estrecho o el Bajo Guadalquivir pero el ruido de los disparos queda opacado en la opinión pública bajo debates sobre el bloqueo de Puigdemont, el juicio al fiscal general o los putiferios de Ábalos. Y en la esfera oficial nadie parece advertir que estamos ante un grave problema de Estado.

Porque no se trata sólo de tiroteos o de abordajes mortales como el del año pasado en Barbate. Ni de que los narcos campen a sus anchas por las costas del Sur o dominen barrios enteros de muchas ciudades. Se trata de un fenómeno mucho más peligroso, el de la creación de espacios propios al margen de las estructuras institucionales donde la droga, además de apoderarse de las calles, compra influencias, impone normas y pronto –si no lo ha hecho ya– corromperá autoridades y permeabilizará centros de decisión relevantes. Ha sucedido en otros lugares –Italia sin ir más lejos, por no hablar de Colombia, Venezuela o México– por reaccionar demasiado tarde.

Una comisión del Parlamento Europeo ha acusado a Grande-Marlaska de obstruir su investigación sobre el trágico incidente barbateño. Además de haber disuelto la unidad especializada, Interior retiró la prueba clave de la embarcación implicada en los hechos y agravió a las familias de las víctimas premiando a los responsables de la suicida operación con un ascenso. Las conclusiones del informe –con el voto en contra de los eurodiputados de izquierda, por supuesto– constituyen una completa desautorización del ministerio, que continúa sin dotar a las Fuerzas de Seguridad de personal y material adecuado para actuar en zonas de alto riesgo donde agentes semi indefensos se ven desafiados por bandas en clara superioridad de medios.

Más allá de su impacto en el orden público y la salud comunitaria, el tráfico de estupefacientes es una epidemia social que carcome el sistema a través de un poder paralelo, a veces superpuesto, al de las instituciones democráticas. Y España es la principal puerta de entrada para los cargamentos procedentes de Sudamérica y de África. Un desafío que exige compromisos firmes plasmados en recursos tangibles, en intervenciones decididas y en mecanismos de respuesta coordinada. Mucho pedir en este panorama de caos político, administraciones disfuncionales, dirigentes incompetentes y prioridades sectarias. Cómo van a afrontar una amenaza subterránea estos tipos incapaces de manejar cualquier contingencia cotidiana.