Sólo el Estado de derecho democrático permite la ciudadanía plena. Eso implica que un Gobierno no puede pasar por encima de las leyes. Que no puede pasar por encima del pluralismo real, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y de la libertad de conciencia.

Por eso hay que celebrar la votación del pleno del Parlamento Europeo de ayer en Estrasburgo sobre la injerencia de Putin en Europa, la amplísima mayoría que respaldó la denuncia de esa injerencia en el caso de Cataluña y la solicitud de investigar a los eurodiputados que tienen vínculos con el Kremlin, como Carles Puigdemont. El voto ayuda claramente a que la Comisión Europea y el Consejo tengan en cuenta las demandas urgentes de defensa del Estado de derecho en España.

El pegamento entre dictadores, terroristas y autócratas –un suponer: la teocracia de Irán, el populismo llamado izquierdista de Venezuela o la autocracia ultraconservadora de Putin– consiste en la obsesión contra los sistemas democráticos que todos ellos, que son sus enemigos, comparten. Algo tiene que ver que los ciudadanos de esos países albergan la esperanza de que otro mundo es posible. La globalización digital y las redes sociales han hecho posible que se activen estrategias dañosas a través de la mentira masiva. La mentira actúa como una bomba de racimo contra los sistemas democráticos.

Volvamos de nuevo a Estrasburgo. El Parlamento europeo, además de pedir que se investiguen los lazos entre Puigdemont y Putin, ha abierto una investigación a la eurodiputada letona Tatjana Zdanoka. Medios rusos, letones, estonios y suecos apuntan a que habría estado, durante más de una década, colaborando con los servicios de inteligencia del Kremlin. Entre 2004 y 2017, Zdanoka habría hecho llegar a Putin información confidencial sobre sus actividades en el seno del Parlamento europeo, e incluso se dejó dirigir desde la cúpula de los servicios secretos rusos. Esta revelación pone de manifiesto, una vez más, la estrategia de la política exterior de Moscú: injerencia e intromisión en los asuntos europeos con la intención de debilitarlos. Una estrategia que pasa por la activación de cualquier grieta para deteriorar desde dentro los sistemas democráticos europeos.

Según un estudio publicado por la revista Nature –un análisis de aproximadamente 40 informes anuales de 15 servicios secretos en 11 países occidentales, abarcando el período 2014-2018–, la actividad de injerencia dañosa rusa es la más intensa que se conoce, con una amplia gama de herramientas y técnicas empleadas para la influencia política. El objetivo a largo plazo de las actividades de influencia rusa es debilitar a la OTAN y la UE. A corto plazo, el objetivo es anular las sanciones impuestas después de la intervención rusa en Ucrania en 2014. Rusia también tiene objetivos más específicos relacionados con cada país individual, para enredar y crear malestar, utilizando múltiples herramientas. Lamentablemente, el enredo en nuestro país no necesita más que del Gobierno y sus socios, que llevan muchos años aprendiendo.

De hecho, la operación de injerencia en Cataluña es un caso muy elaborado: Rusia llevó a cabo en Cataluña a lo largo de toda una década intervenciones combinadas, involucrando a agentes de campo del GRU (la inteligencia militar rusa), accediendo hasta la cúpula del gobierno regional y utilizando una política de desinformación y propaganda a través de ‘Russia Today’ y ‘Sputnik’, entre otras plataformas digitales, y consiguiendo implantar mentiras en medios de comunicación que desconocían esta hoja de ruta secreta. No sorprende pues, que Tatiana Zdanoka lleve más de una década simpatizando con el entorno de ETA y con los secesionistas que cometían delitos en Cataluña.

Zdanoka ha viajado a Cataluña en varias ocasiones, ha estado presente en actos secesionistas y ha realizado frecuentes declaraciones públicas a favor de la causa independentista catalana. De hecho, formó parte del grupo de eurodiputados que visitó en la cárcel a Oriol Junqueras, y también fue la más activa saboteadora de la misión a España para investigar los casi cuatrocientos asesinatos de ETA que permanecen aún sin resolver. Lo más impactante es que todo lo que aparece en la instrucción del juez Joaquín Aguirre, lo que conocemos hasta ahora (una parte sigue bajo secreto) del caso Voloh –las conexiones de Carles Puigdemont con Rusia en el contexto del desvío de dinero público durante el procés– es, punto por punto, la información que ya se había publicado en diferentes medios internacionales en años anteriores y que Víctor Terradellas, exasesor de Puigdemont, admite el 15 diciembre de 2022, en France TV: que Rusia les ofreció 500.000 millones de dólares y 10.000 soldados para perpetrar su ataque contra el Estado de Derecho (aunque luego lo negara con insistencia en TV3 en 2020). Pese al ataque sin precedentes que está sufriendo la judicatura para evitar que haga que se cumplan las leyes de manera efectiva y justa, el juez García-Castellón mantiene la sospecha sobre hechos susceptibles de incardinarse en infracciones que pueden constituir una alteración grave de la paz pública, como señala el artículo 573 del Código Penal para los delitos de terrorismo.

Sin conocer estos antecedentes sería más difícil valorar las declaraciones de Puigdemont pidiendo el levantamiento de las sanciones de la UE contra Rusia en una entrevista concedida al medio ruso ‘Sputnik’ en septiembre de 2019. Lo fundamental es que todos estos indicios dejan al descubierto un patrón en el puzzle de Putin: la apuesta firme del Kremlin por financiar y promover actos y discursos extremistas y antidemocráticos contra el Estado de derecho en Europa y aliarse con todos aquellos que comparten ese objetivo.

¿Qué necesita por tanto Moscú para lograr su éxito? La colaboración necesaria de políticos sin escrúpulos capaces de atacar el Estado de derecho, a la vez que traicionan los principios democráticos europeos. Tenemos que ser conscientes de nuestras vulnerabilidades. Y por eso, tenemos que conseguir que no salga gratis entrar en estos juegos.

No pueden ser amnistiados o indultados quienes saben que, aprovechando su situación prevalente de poder, planificaron, coordinaron y perpetraron de forma organizada delitos variados que entran en un amplio catálogo delictivo, desde la malversación y la corrupción hasta la tentativa de secesión. Un catálogo de posibles actividades de terrorismo, vulneración de la protección de datos de los ciudadanos y presunta alta traición.

Como ha escrito Daniel Pérez Calvo, la línea roja definitiva, la que adultera y pervierte por completo una democracia, es la que cruza un Gobierno al asumir la corrupción política; al asumirla no como algo excepcional y punible, sino como la forma natural e institucionalizada de gobernar. Si bien lo piensan, es el sueño de Putin: que todos los gobiernos se comporten como el suyo.