Como era de esperar, los endebles argumentos sobre los que el PSOE ha sustentado su campaña a favor de la amnistía, desde que Pedro Sánchez defendiera «hacer de la necesidad virtud» ante el Comité Federal del pasado 28 de octubre, no han resultado convincentes para la ciudadanía.

Así lo acredita el último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que arroja que casi un 70% de los españoles se opone a la medida de gracia a los independentistas que Sánchez ha canjeado a cambio de su investidura. Llama la atención que, frente al 49,5% de catalanes que se muestra partidario de la amnistía, un 48,6% la rechaza.

Hasta hace poco, los términos exactos en los que se concedería el olvido penal a los delitos del procés permanecían envueltos en una cierta aura de misterio. Baste recordar que ni siquiera la militancia socialista pudo conocer los detalles de la exoneración de Puigdemont y compañía antes de votar en la consulta interna de principios de este mes.

Pero tras el registro de la Ley de Amnistía en el Congreso el pasado 16 de noviembre, todos los españoles pueden ya conocer el alcance y la fundamentación jurídica de la amnistía.

Y a la vista del amplio repudio que suscita la medida, parece que los españoles comparten la opinión de este y otros tantos periódicos, cuando sostuvieron que la exposición de motivos de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña es una lectura tramposa y falaz de lo ocurrido en septiembre y octubre de 2017.

Sobre todo, a los españoles no se les escapa que la verdadera exposición de motivos para la extinción de la responsabilidad penal de los encausados por el procés es la que enunció Sánchez ante el Comité Federal: simple y llanamente, lograr los siete votos para perpetuarse en la jefatura del Gobierno. Es decir, una justificación radicalmente ajena a los criterios de utilidad social e interés general que exige una medida tan excepcional y extraordinaria, susceptible de trastocar drásticamente los fundamentos del orden constitucional.

Son las mismas razones, de hecho, que ha ratificado recientemente Óscar Puente, al admitir que «adoptar esta medida en este momento inevitablemente se vincula con la formación de Gobierno».

Aunque el nuevo ministro de Transportes intentara después matizar sus palabras, para alegar que la amnistía «se habría acabado haciendo a lo largo de la legislatura» mediante una zafia analogía con un embarazo indeseado, lo que está claro es que, de no haberla necesitado para la investidura, el PSOE «no la hubiera adoptado». Por eso ha estado atinado Feijóo al expresar que Puente «se ha cargado toda la exposición de motivos de la ley».

La encuesta de SocioMétrica es la primera que se realiza toda vez que los ciudadanos tienen pleno conocimiento de causa sobre las intenciones del PSOE, al contrario que en las elecciones del 23-J. El propio Sánchez la defendió en el debate de investidura bajo el pretexto de que «es una buena medida para la economía» que «dará estabilidad». Y también Félix Bolaños ha salido a abogar por ella, sosteniendo que «con el tiempo, concitará un acuerdo amplio y se reconocerá por una gran mayoría de nuestra sociedad que es útil, necesaria e imprescindible».

Pero preguntados por el argumento de que «la amnistía es un paso de gigante para la convivencia en Cataluña», un 66,1% de los encuestados opinan justo lo contrario. Frente al relato socialista de que la amnistía es un paso más para el reencuentro definitivo, los españoles constatan lo explicitado por los beneficiarios de esa ley: que se trata del preámbulo del desencuentro definitivo en forma de referéndum de autodeterminación.

A la vista del pobre sustento ético de su argumentario en pro de la amnistía, al PSOE sólo le queda apelar a «la confianza en los resultados» que la medida coseche en el futuro, como hace hoy Salvador Illa en su entrevista con Crónica Global-EL ESPAÑOL.

En buena medida, el termómetro lo ofrecerá el éxito o el fracaso de Illa en su propósito de llegar a la presidencia de la Generalitat el año que viene. Algo que, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión, que le da la victoria al PSC mejorando sus resultados de 2021 y pronostica el desplome de Junts, no resulta inverosímil.

Pero de poco sirve invocar el supuesto efecto benéfico del precedente de los indultos o la reforma del Código Penal, arguyendo que, al igual que aquellas, la amnistía es una iniciativa a priori impopular que acaba contribuyendo a la convivencia.

Porque los signos que han mandado hasta ahora los socios independentismo de Sánchez no son nada alentadores. Desde el tono amenazante de Miriam Nogueras y Gabriel Rufián en el debate de investidura (que obligó a Sánchez a cambiar su discurso del «reencuentro» por alusiones al «conflicto político»), hasta el registro por Junts y ERC de comisiones de investigación sobre el supuesto lawfare en el Estado español, sólo 48 horas después de la reelección de Sánchez. Pasando por la tajante reafirmación de Laura Borràs en la vía unilateral.

Las evidencias contra la pertinencia de la amnistía son tan clamorosas que el empecinamiento del PSOE en defenderla con razones espurias ha logrado el efecto contrario al que pretendía. Tal y como atestigua SocioMétrica, se ha incrementado en cinco puntos el porcentaje del 65,9% de españoles que se oponía a ella el pasado septiembre.

Es verdad que, a la vez, los argumentos de Sánchez y sus ministros han reducido la oposición a la amnistía entre sus votantes, del 44% antes de conocer la exposición de motivos al 35% actual.

Pero esto sólo prueba que únicamente han logrado convencer a los suyos, mientras que sigue habiendo una oposición social muy mayoritaria. Bastaría con que la mitad de ese tercio de su electorado que deplora el trato de favor al independentismo decidiera no volver a votar a Sánchez en una repetición electoral para vaticinar un notable derrumbe de las opciones de Sánchez.