Para justificar su debilidad negociadora y su propensión a saltarse a la torera la palabra y hasta las propias reglas del Estado, el presidente ha celebrado como gran triunfo que, a cambio, la ultraderecha secesionista facilitará la aprobación de los presupuestos del Estado. Unas cuentas que van a depender, dicho a propósito, de los votos de otros seis partidos más, si no he contado mal, cada uno ávido de aprovecharse también para esquilmar la Hacienda Pública en beneficio de unas regiones y en perjuicio de otras. La justicia contributiva no se corresponde en España con la igualdad entre personas, territorios ni oportunidades. Los presupuestos abrirán una subasta para hipotecarlos antes de que sean aprobados.

Sánchez ya es sabido que igual niega que el terrorismo en el tsunami catalán, que reconoce su propio ministro del Interior, sea terrorismo y que el Tribunal Supremo cumpla con su obligación de volver a investigarlo. Así que la euforia de las dos partes sobre la amnistía parece estar bien justificada. Todo será gratis para quienes la reciben: Puigdemont y los CDR, agitadores que mantuvieron las calles de Barcelona en píe de guerra durante varias noches seguidas.

El propio expresident huido de la justicia alardeaba ente los suyos la semana pasada de la oportunidad que abre la amnistía para retomar de nuevo, y desde condiciones más favorables, la conquista soñada de la independencia. No es el único que intenta con amenazas semejantes reírse de quienes le están poniendo al alcance sus pretensiones cesionistas, que también sirven para robustecer la ilusión de sus parroquianos y humillar a los millones de españoles que pretenden reanudar una buena convivencia y que a cambio reciben odio.

Aunque todo parece apañado todavía habrá que esperar a mañana. La política siempre ofrece sorpresas de última hora y nunca hay que descartar que las exigencias de los aprovechados lleguen a un punto imposible de asumir. Pedro Sánchez algún día tendrá que rendirse a su impopularidad, aunque como diría un pesimista, «¡Oh no!»