Además de oponerse a la amnistía, los vocales del CGPJ debían haber pedido que en el muy probable caso de aprobarse cubra también a los jueces. Porque van a ir a por ellos, como es lógico cuando se concede a los delincuentes la facultad de redactar las leyes. Eso del ‘lawfare’ que dice Puigdemont, concepto clásico del lenguaje populista, significa que el poder judicial prevaricó al perseguir una insurrección legítima y por tanto, en desarrollo deductivo de esa premisa, los magistrados que procesaron a los separatistas deberían ellos mismos someterse a la acción de la justicia. No es broma: los flecos técnicos de la negociación en curso incluyen el reconocimiento oficial de una presunta persecución abusiva, por lo que más les valdría a los togados solicitar su inclusión en el paquete de causas extinguidas. Si a alguien le parece un desvarío es que aún no ha comprendido hasta qué punto alcanza la distorsión cognitiva de esta aberrante anomalía política.

De un modo u otro, quede como quede la exposición de fundamentos que ha de servir de base explicativa del proyecto, el sanchismo tiene el control del aparato judicial en su agenda prioritaria de Gobierno. Y lo pretende abordar en términos de ajuste de cuentas desde el convencimiento de que los tribunales son un reducto de la derecha, un búnker donde la reacción se atrinchera tras una barricada de códigos y estatutos que interpreta a su conveniencia. La investidura, de producirse, será el toque de corneta que llame a un asalto en toda regla con el objetivo de meter en cintura a esos rebeldes uniformados con ropones y puñetas. El CGPJ es la clave de un desembarco masivo en el Supremo, los tribunales superiores autonómicos y las audiencias, donde las plazas vacantes por el bloqueo son más de ochenta. En un mandato sostenido por fuerzas anticonstitucionalistas, garantizar la obediencia de los intérpretes de la ley va a ser asunto de crucial importancia estratégica.

No sólo para Sánchez. Puigdemont y el resto de independentistas saben que la amnistía deberá superar múltiples obstáculos legales a la hora de aplicarse. Y que los jueces, para la mayoría de los cuales constituye un atropello jurídico inaceptable, no se lo van a poner fácil en la medida que se les trate de obligar a abdicar de sus responsabilidades. Una medida de esta clase, preludio de la ofensiva en ciernes contra la separación de poderes, anuncia graves conflictos institucionales. Lo que está por medio es la esencia misma del Estado de derecho, del sistema de equilibrios y contrapesos cuyas bases están siendo objeto de denigrante mercadeo. Una justicia subordinada o revocada implica una sociedad condenada al sometimiento, indefensa ante el abuso, la arbitrariedad y el desafuero. Y nada expresa mejor ese caos moral que un Gobierno entregado a la voluntad de un prófugo convertido en insólita fuente del ordenamiento.