Las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegurando que el proyecto de Ley de Memoria Democrática «no implica cambios porque la situación es la misma que la que ya había en 2002», echaron por tierra las expectativas generadas entre los partidarios de «sortear» la Ley de Amnistía de 1977 dejando en evidencia que, en el ánimo socialista, la enmienda suscrita con Unidas Podemos no tiene otro propósito que «sortear» precisamente las exigencias de sus socios. Pero al hacerlo contribuye a proyectar una alargada sombra respecto a la legitimidad de la norma aprobada hace cuarenta y cuatro años como puente de acceso a la democracia constitucional.

El ardid de recurrir a la obviedad sobre la necesaria sujeción de la legislación española a los tratados internacionales a los que se haya adherido o se adhiera nuestro país -artículo 10.2 de la Constitución- se extiende en la enmienda «a la interpretación y aplicación» que haga la Justicia. Con lo que emplaza a los jueces a actuar, desde la admisión a trámite de una demanda hasta la sentencia final, a partir del presupuesto de que «los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables». Tipificación que a estas alturas puede resultar más que aventurada para enjuiciar la conducta de personas vivas. Al tiempo que parece instruir al Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática para que «aborde la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la guerra y la dictadura», en una suerte de imaginaria causa general. Alargando el alcance de tal potestad para hechos acaecidos nada menos que hasta 1982.

Nunca un proyecto de norma al que su responsable principal -en tanto que titular de Memoria Democrática- niega relevancia jurídica, y cuya literalidad resulta entre impracticable -las indicaciones a la Justicia y al Ministerio Fiscal- e injustificada -la extensión del franquismo hasta tres años después de que se promulgara la Constitución- posibilita al mismo tiempo una cascada de denuncias. Los socios de investidura partidarios de la derogación de la Ley de Amnistía en los apartados e) y f) de su artículo 2 -especialmente ERC y EH Bildu- no llevarán su enfado ante la meliflua enmienda hasta echar abajo el proyecto de Ley de Memoria Democrática. Su más que probable aprobación por las Cortes invitará al PP a posponer el recurso al Tribunal Constitucional a la espera de que genere litigiosidad a la entrada del nuevo ciclo electoral. De ahí que, tras avalar la enmienda, el ministro Bolaños no tardó en desanimar a quienes estuviesen pensando en recurrir a la Justicia para que desistan de hacerlo. Salvada la ley y los Presupuestos, todo seguirá su curso. Hasta Gabriel Rufián le hizo el juego indignándose ante una enmienda que considera inservible. Aunque, llegados a este punto, mejor no dar ideas que sirvan para remover aún más el avispero.