Fue Luis de Góngora quien nos legó ese dicho tan popular que reza: ‘Ande yo caliente y ríase la gente’. El magnífico poeta y dramaturgo cordobés quería significar que por muy fea que sea la ropa que use una persona cuando aprieta el frío, si con ella consigue estar caliente, da igual lo que piensen otros.

Pocas palabras pueden explicar mejor el alcance del acuerdo rubricado en Bruselas por los ‘número dos’ del PSOE y Junts per Cataluña, Cerdán y Turull. Un compromiso, eso sí, que más que provocar risa lo que ha desatado es un profundo y comprensible enfado en amplísimos sectores de este país. Y que garantiza a Pedro Sánchez lo que perseguía: seguir en La Moncloa. Queda saber qué hará el PNV. Si votará ‘sí’ y el líder del PSOE obtendrá la reelección por mayoría absoluta en primera votación el día 16. O si será a la segunda, con la abstención peneuvista. El ‘no’ jeltzale está descartado.

Los socialistas han aceptado lo que hasta julio veían inaceptable e inconstitucional: amnistiar a todos aquellos que delinquieron en puertas, durante y después del fallido ‘procés’, en concreto desde 2012 hasta hoy, a cambio de seguir en el machito. O si lo prefieren: impunidad a cambio de la investidura. Desigualdad ante la ley.

Queda por conocerse el preámbulo de la proposición de ley de amnistía, que no es precisamente una cuestión menor. Pero Sánchez y los suyos han tragado con algo más: un verificador internacional de las conversaciones bilaterales. Un mensaje político de relevancia. Y es que se acepta que España y Cataluña precisan de un interlocutor foráneo para hablar de la agenda independentista cual si se tratara de Israel y Palestina. Grave.

A partir de ahí el pacto recoge las discrepancias existentes entre los socialistas y los ‘indepes’ del huido Puigdemont. Lo que en Euskadi conocemos muy bien desde que PNV y PSE comenzaron a gobernar en coalición a mediados de los años 80: el capítulo de desacuerdos pactados que aparece en sus acuerdos de Gobierno. En este caso, la aspiración de Junts a un referéndum de autodeterminación y su exigencia de que se le transfieran el 100% de los impuestos, algo que el nacionalismo catalán rechazó en la Transición.

La semana que viene arrancará la nueva legislatura. Y lo hará en medio de una fenomenal bronca política. Resulta del todo legítima la contestación política y social al acuerdo, pero sobran los excesos. Excesos como asegurar que estamos ante el inicio de una dictadura (Ayuso dixit ayer) o ante un Gobierno ilegal (Abascal). O pronunciamientos judiciales forzados como el que protagonizaba, de nuevo, hace unos días el juez García Castellón. Sí, el mismo que Ignacio González y Eduardo Zaplana querían en su día de vuelta a la Audiencia Nacional, lo que lograron. Y el que no quería ni interrogar a Cospedal por el escándalo ‘Kitchen’.

Con estos mimbres parece arriesgado apostar por una legislatura larga. Harán bien, pues, PSOE y Sumar en intentar sacar adelante con premura los Presupuestos y precipitar las medidas más sociales de su pacto de Gobierno como mejor garantía para preservar el máximo apoyo entre su electorado si tenemos que votar antes de tiempo. Los pactos PP-Vox son la otra gran fuente de apoyos para las izquierdas.