Santiago González, EL MUNDO, 2/7/11
Andoain es el piso piloto de la paz, uno de los 121 privilegiados enclaves en los que gobierna Bildu, esa coalición a la que solo la mala fe de algunos recalcitrantes sigue identificando con la antigua –e ilegalizada– Batasuna, con aquel oscuro tiempo en que en sus calles se mataba a sus vecinos, sin que la mayoría pestañease ni optara por una dosis de heroísmo limitado: cambiar de voto. Y siguieron votando a Batasuna, después de que ETA asesinara al columnista José Luis López de Lacalle y al jefe de la Policía Municipal, Joseba Pagazaurtundua, ante la impasibilidad del alcalde, culpable en el primer caso, doblemente culpable en el segundo, por tratarse de un funcionario a sus órdenes.
Ambos fueron asesinados durante el mandato de José Antonio Barandiaran (1999-2003) un correligionario de la alcaldesa Carrere. En aquel tiempo, Barandiaran fue condenado a siete años de inhabilitación por haber empleado dinero público para comprar un ordenador al etarra Asier Oiarzabal. Su teniente de alcalde, Ainhoa Ozaeta, fue detenida en Burdeos en 2008 en la caída de la cúpula Thierry. Ella era la responsable del aparato político. El alcalde Barandiaran, que había participado en la reunión de Burdeos, fue detenido a su vuelta.
Les supongo informados de algunas noticias colaterales. El asesino de Pagaza ha recibido un permiso de Instituciones Penitenciarias para conocer a su hijo, engendrado cuando él todavía gozaba de libertad, siete años después del crimen. La alcaldesa, Ane Carrere, dio ayer una rueda de prensa junto a su concejala Ainara Rodríguez para reafirmarse en su hostilidad a los escoltas, «gente armada que entorpece la vida diaria del Ayuntamiento, acrecientan la inquietud de los trabajadores y espantan a los ciudadanos del consistorio».
El ministro del Interior dijo el lunes pasado que «hubo un problema con escoltas en Andoain y ya se está resolviendo, y así se van a resolver todos». Que Santa Lucía le conserve la vista. Ayer mismo, la alcaldesa y su concejala se negaron a responder en la lengua franca a los periodistas que formulaban en ella sus preguntas. Una vez que el Estado garantiza a todos los ciudadanos euskaldunes el derecho a ser atendidos en su lengua materna, las instituciones abertzales niegan a los ciudadanos monolingües en castellano el derecho a ser atendidos en la suya propia. Ahí le quiero ver, Alfredo P.
Con todo, no es este el mayor problema. Una vez que los escoltas han inspeccionado el Ayuntamiento y son obligados a salir a la calle, ¿deberán rodear la casa consistorial para impedir la entrada de los otros tipos armados, que ni entorpecen la vida municipal, ni siembran la inquietud entre los trabajadores, ni espantan a los ciudadanos del consistorio? Es más, si uno fuera concejal de la oposición, como Amuchastegui o Guerra, y dados los precedentes que encarnaron en esa junta de gobierno local Barandiaran y Ozaeta, pediría al ministro del Interior permiso para portar armas, por si acaso durante los plenos.
Mientras, no se descarta que la FEMP conceda a Andoain el premio a la Biodiversidad en sus espacios públicos, siguiendo la línea del Ministerio de Cultura con San Sebastián.
Santiago González, EL MUNDO, 2/7/11