Hay un momento, en la segunda mitad de la década de los 90, en el que el consenso político originario y ampliamente mayoritario en torno al Estatuto se quiebra y este pasa a ser objeto de cuestionamiento desde posiciones políticas que hasta ese momento integraban el espacio común estatutario. Se esgrime para ello como argumento justificativo del cambio de posición su incumplimiento por parte del Estado y, en consecuencia, la necesidad de conseguir un nuevo marco político que permita ejercer plenamente el autogobierno. El hecho de que sea la principal formación en el Parlamento y en el Gobierno la que asuma este planteamiento introducía un factor nuevo que supone un cambio cualitativo en el escenario político vasco.

En este contexto, el significado de los aniversarios estatutarios adquiere otro carácter que va a estar marcado por la confrontación en torno al Estatuto. De ser una norma que establecía el marco del autogobierno a defender en común ante los ataques que recibía, bien de forma abierta o mediante su incumplimiento, el Estatuto pasa a ser un motivo de enfrentamiento entre los partidos y, muy especialmente, entre los nacionalistas, convergentes ahora en su cuestionamiento, y el resto, que no se suman a esta nueva deriva impugnatoria. Se produce así un realineamiento en torno al Estatuto que va a tener reflejo en sus aniversarios conmemorativos, convertidos en un termómetro que cumplía la función de ir midiendo la calentura política del país.

De acuerdo con este esquema, que es el que ha regido durante años el comportamiento de las formaciones políticas en torno a los aniversarios estatutarios, estos han venido siendo un indicador de la evolución que iba experimentando la temperatura del ambiente político. Y cabe constatar cómo esta ha ido variando al compás de la coyuntura cambiante, que ha oscilado entre las posiciones que abogaban por un cuestionamiento radical del actual marco estatutario, que tuvo plasmación en su día en el Pacto de Lizarra y el plan Ibarretxe, y las tonalidades más templadas de las últimas legislaturas.

El último aniversario estatutario, con el que conmemorábamos los 45 años de vida de lo que, de acuerdo con su propia autodefinición (artículo 1), constituye nuestra norma institucional básica, debe ser encuadrado en este marco. Cabe reseñar el menor ardor polémico tanto para su cuestionamiento como para su reafirmación, lo que contrasta con épocas no tan lejanas. En cualquier caso, la nueva actitud mostrada por las principales formaciones constituye un dato muy significativo que merece ser tenido en cuenta a la hora de abordar nuestro futuro institucional y, más concretamente, el del propio Estatuto.

No parece que vaya a ser posible, al menos por los datos con los que se cuenta a día de hoy, un ‘euskoprocés’ similar al que tuvo lugar en Cataluña la pasada década (cuyas secuelas siguen condicionando, también fuera de aquella comunidad, el momento actual). Pero conviene tener muy presente que todo lo relativo a la norma institucional básica y los cambios a introducir en ella, que no hay que olvidar ha sido la cuestión objeto de polémica y confrontación durante mucho tiempo en los aniversarios estatutarios, es un asunto que es preciso tratar de forma especialmente cuidadosa, ya que es susceptible de abrir procesos que, una vez en marcha, tienen una reconducción muy difícil y costosa, como la experiencia reciente nos muestra.

Este aniversario ha marcado la entrada del Estatuto en el último lustro de su primer medio siglo de vida, lo que constituye un periodo histórico sin duda significativo. La experiencia acumulada en estas cuatro décadas y media de régimen estatutario bien puede, y debe, servirnos para seguir avanzando en el desarrollo y la mejora de la calidad de nuestro autogobierno; que, conviene tenerlo presente, no es irreversible (nada en política lo es) y que podría experimentar un serio deterioro si no somos capaces de formular y llevar a cabo propuestas que cuenten, como en su día contó el Estatuto vigente, con un amplio respaldo transversal de la ciudadanía vasca.