Editorial, EL MUNDO, 19/10/11
LA LIBERACIÓN del soldado israelí Guilad Shalit a cambio de la excarcelación de más de un millar de presos palestinos reabre el debate sobre la forma legítima de hacer frente al terrorismo. Aunque el conflicto en Oriente Próximo nada tiene que ver, ni remotamente, con la realidad española, es difícil no establecer comparaciones cuando se producen hechos como el de ayer.
Pese a la satisfacción mayoritaria en Israel por el canje –cerca del 80% de los ciudadanos respaldan la decisión de su primer ministro– las asociaciones de víctimas del país han criticado el acuerdo. Hay que tener presente que entre los palestinos ahora excarcelados hay cerca de 300 que cumplían cadena perpetua por sangrientos atentados.
Seguir la lógica de Benjamin Netanyahu de que el fin –«devolver a nuestro soldado secuestrado sano y salvo a casa», según sus palabras– justifica los medios, habría servido, por ejemplo, para disculpar la cesión del Gobierno de Aznar al chantaje de ETA cuando la banda puso precio a la vida de Miguel Ángel Blanco.
Es cierto que en el caso de Guilad Shalit estamos bordeando lo más parecido a un intercambio de prisioneros entre dos países en guerra, y seguramente por ello el Tribunal Supremo israelí validó el canje. Pero eso no evita que, en términos morales, estemos ante un claro ejemplo de cesión al terrorismo.
No es casual que en nuestro país, los partidarios de la negociación con ETA y de pagar un precio político por la paz se hayan felicitado de inmediato por el acuerdo. En cambio, a la pregunta colgada en nuestra web sobre la decisión de ese canje, más del 70% de los participantes se mostraba anoche en desacuerdo.
Aunque el Gobierno de Netanyahu pueda mostrar orgulloso a su soldado –«misión cumplida», alardeaba ayer el primer ministro– y el país haya recibido a Shalit como a un héroe, a partir de ahora Israel va a tener más difícil seguir presentando a Hamas como un grupo terrorista –aun cuando así está reconocido por la UE y por EEUU–, pues acaba de darle consideración de interlocutor. Al aceptar sus condiciones ha empezado a legitimarle. Ni que decir tiene, la excarcelación de presos se vivió en Gaza como una fiesta triunfal.
Ese mismo error de situar en un plano de igualdad a los terroristas y al Estado de Derecho es el que ha cometido el Gobierno español al consentir la pantomima de conferencia de paz celebrada en San Sebastián. La lección que hay que tener siempre presente es que en la lucha contra el terrorismo hay unas líneas rojas que no se deben cruzar. Igual que denunciamos a Israel cuando ha practicado el crimen de Estado o criticamos los GAL, ahora censuramos que haya cesiones a los terroristas. Tan atajo pretende ser un senda como la otra.
Hoy desvelamos que, en su inminente comunicado, ETA anunciará la prolongación del actual alto el fuego, pero no su desaparición, pues aspira a «escoltar» a la izquierda abertzale hasta lograr sus propósitos. Pues bien, ante esa burda estrategia cabrá recordar que al terrorismo jamás puede concedérsele un apagón del Estado de Derecho porque precisamente la democracia obtiene su credibilidad del cumplimiento de la ley.
Editorial, EL MUNDO, 19/10/11