EL ESPAÑOL viene recogiendo en los últimos días los agravios verbalizados, tanto en público como en privado, por los militares desplegados en Ceuta.
Las asociaciones militares profesionales han elevado quejas ante su incapacidad para dar respuesta a los vecinos frente a la crisis desatada por la invasión.
Y ello a causa de los impedimentos interpuestos por el Gobierno, que han reducido a las Fuerzas Armadas a simples tareas de apoyo y disuasión.
Los soldados sobre el terreno han lamentado la carencia de la cobertura legal adecuada para actuar en tareas de orden público o control fronterizo, así como la ambigüedad de las órdenes operativas recibidas.
Fue de hecho esta falta de instrucciones claras por parte de la Delegación del Gobierno lo que provocó un encontronazo entre los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la frontera, el pasado 30 de julio.
El mando de la Policía Nacional era partidario de hacer retroceder por la fuerza y devolver a los inmigrantes que se abalanzaban hacia la puerta. Mientras que el mando de operaciones de la Guardia Civil, siguiendo instrucciones del Gobierno, ordenó finalmente abrir la cancela del recinto por la que entró a la ciudad toda una marea de inmigrantes.
La única respuesta por parte del Ministerio de Defensa a dichas reclamaciones, cuya ausencia ha auspiciado emboscadas y ataques a los militares por parte de algunos de los invasores varados en Ceuta, fue autorizar el uso de armas de fuego únicamente como autodefensa.
Las patrullas fueron armadas con un único fusil cargado por cada grupo de cuatro o cinco soldados, además de botes de espray de gas pimienta en una dotación que tacharon de irrisoria y humillante.
La información revelada ahora por este periódico no hace sino ahondar en la desmoralización que sufren unas Fuerzas Armadas que se sienten, con razón, maniatadas. Y que lamentan el consiguiente menoscabo de su reputación a ojos de la población ceutí.
EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva que, quince días antes de la entrada de al menos 96.058 invasores (según los datos oficiales del Gobierno) en la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio, el Ejército ensayó un plan de contingencia para defender Ceuta.
La puesta en práctica de este simulacro denota que, pese a que las Fuerzas Armadas contemplaban un escenario de estas características, el Gobierno no activó dicho dispositivo cuando se necesitó.
Es más, los escenarios secretos manejados por los militares y coordinados por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) trabajaron también con la hipótesis de amenazas propias de la denominada «zona gris».
Es decir, acciones asimétricas que incluyen la instrumentalización de la entrada masiva de población civil para ejercer presión territorial sin cruzar inicialmente el umbral de un enfrentamiento armado abierto. Que es, de hecho, el tipo característico de guerra híbrida ocurrido en Ceuta que se ha constatado definitivamente tras conocerse la incursión de buques de guerra marroquíes en aguas ceutíes.
Lo que ha quedado probado es que el cuerpo militar (que no puede intervenir unilateralmente) ensayó pocos días antes del suceso un simulacro orientado a prepararse para un posible asalto. Existían unidades listas para proporcionar la primera respuesta, las cuales se pusieron a disposición de la autoridad civil competente, que, sin embargo, no las activó.
La pregunta obligada es entonces por qué, si el Ministerio de Defensa había previsto este escenario y preparado al Ejército en consecuencia, no le permitió ejecutar el arco de seguridad ensayado que habría evitado la invasión. Así como quién impidió que se aplicara el plan cuando todavía era posible contener la crisis.
Ya conocíamos que el Gobierno desoyó los días previos al asalto las advertencias que trasladaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia acerca de una posible entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Entonces el Ministerio del Interior tuvo acceso a informes que alertaban de una operación concreta orquestada desde Marruecos, alentada por su Gobierno y por mafias afines a él.
Pero ahora sabemos que el Gobierno también era consciente por la vía militar de que esta hipótesis tenía altas probabilidades de materializarse, y sin embargo no adoptó las medidas pertinentes.
Idéntica desidia se aprecia en la tardanza del Ejecutivo central para expulsar a los miles de invasores que aún permanecen en Ceuta.
El Consejo de Gobierno de Ceuta requirió hace más de un mes por vía administrativa al Gobierno central que resolviera los expedientes de devolución de los 10.000 migrantes procedentes de Marruecos que se han quedado en la ciudad.
Y, al haberse agotado el plazo estipulado por el requerimiento formal sin que el Ejecutivo haya ejecutado «ni una sola expulsión», ha quedado expedita la vía para que la corporación de la ciudad autónoma interponga un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, el cual podría eventualmente obligar al Gobierno a devolver a todos los invasores.
La coartada jurídica y burocrática en la que viene escudándose el Gobierno para justificar su inoperancia ha quedado así invalidada por completo.
Lo que se desprende de su inhibición tanto en la prevención como en su respuesta al asalto es claro: la falta de voluntad política para emplear los mecanismos necesarios, legalmente previstos y hasta ensayados periódicamente para haber respondido al ataque como hizo ante el de 2021.
O sea, ordenando a las Fuerzas Armadas acuarteladas en Ceuta desplegar una barrera y movilizar distintas unidades con las que reforzar la frontera y recuperar el control de la situación.