El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que derogaría la de Memoria Histórica de 2007 que, a juicio del Gobierno, «necesitaba ser actualizada». La iniciativa contiene aspectos ineludibles, como la asunción por parte del Estado de la búsqueda y exhumación de los restos humanos enterrados en fosas comunes durante y tras la Guerra Civil; la prohibición de actos públicos que exalten la dictadura franquista, considerando especialmente graves aquellas acciones de humillación hacia sus víctimas e imponiendo sanciones a tales infracciones; o la inclusión del período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el inicio de la Transición como materia curricular en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Pero presenta tres vertientes problemáticas. De entrada, y aunque la redacción del proyecto de ley ha contado con los informes previos del Consejo de Estado y del CGPJ, una interpretación extensiva del concepto de ‘víctima del franquismo’ generará dificultades en tanto que se pretende un censo de las mismas. La anulación de pleno derecho de los procedimientos administrativos y judiciales, y de las sanciones y sentencias emitidas, exigiría también una identificación precisa de los casos que sería muy complejo establecer. La creación de una Fiscalía de Sala en el Supremo para investigar hechos sobre los que no podría instar una actuación judicial resulta cuando menos cuestionable. Consignar incautaciones patrimoniales realizadas por el régimen dictatorial o a su amparo podría generar más problemas que soluciones justas.

En segundo lugar, resulta paradójico que una ley que obligaría al más amplio consenso, y para la que el ministro Félix Bolaños reclamó la unanimidad de las Cortes, esté probablemente abocada, si acaso, a su aprobación por mayoría simple. El proyecto del Consejo de Ministros es, en realidad, del PSOE. Para tramitarlo Pedro Sánchez precisará del apoyo de su socio de coalición -Unidas Podemos-, del PNV y de ERC; para lo que se verá obligado a ir más allá de su articulado inicial, comprometiendo señalamientos y restituciones no solo morales. Ello cuando el PP de Pablo Casado ha anunciado un recurso ante el Constitucional, y su derogación si llega a La Moncloa. En tercer lugar, se corre el riesgo de que la discusión entre ‘memorias’ potencialmente divergentes, reducidas a su versionado partidista, haga de la historia y de la investigación histórica algo totalmente opinable.