La negociación de los presupuestos para el año 2021 se ha convertido más en una cuestión política que en una cuestión económica: Pedro Sánchez necesita aprobar unas nuevas cuentas para afianzar su gobierno después de haber fracasado en 2019 y de ni siquiera haberlo intentado en 2020; Podemos ha de señalizar ante la ciudadanía su perfil más izquierdista logrando concesiones que justifiquen el voto útil a esta formación; PP y Vox desean ejercer su oposición tumbando los presupuestos sin necesidad de negociar nada sobre su contenido; los nacionalistas pretenden arrancar concesiones para sus regiones; y Ciudadanos trata de recuperar la centralidad abriéndose a pactar con Sánchez.

Pero los presupuestos deberían ser en esencia un instrumento de política económica, no de politización de la economía. Es decir, deberían ser un instrumento para perseguir las prioridades económicas de España que puedan alcanzarse a través de decisiones relativas a ingresos y gastos públicos. Obviamente, a la hora de identificar cuáles son esas prioridades sí cabe un terreno razonable para el debate y la negociación política: cada partido, promoviendo los intereses facciosos de su electorado, buscará unos objetivos u otros. Pero en el actual contexto sanitario, social y económico, algunos objetivos tendrían que ser considerados prioritarios de manera transversal por todos (o por la mayoría) de partido políticos a la hora de afrontar de buena fe la negociación presupuestaria: primero, la lucha contra la pandemia (esto es, todo el gasto vinculado a la detección precoz de los contagiados y al tratamiento de los hospitalizados); segundo, la potenciación fiscal de la recuperación económica (por ejemplo, no subiendo impuestos o incluso bajando aquéllos que minen la oferta de trabajo o la oferta de capital); y tercero, garantizar la solvencia a largo plazo de las administraciones públicas.

A este último respecto, recordemos que los Presupuestos Generales del Estado, aunque se circunscriban formalmente al año 2021, son en realidad un programa fiscal que no afectará únicamente al ejercicio 2021, sino que por necesidad tendrá repercusiones sobre los años ulteriores, sobre todo si se salda con una agresiva emisión de deuda pública (los pasivos estatales no son más que un mecanismo para financiar desembolsos presentes a costa de las generaciones futuras). Por consiguiente, colocar el foco de la negociación tan sólo en las necesidades de ingresos y de gastos para 2021 es una inadmisible simplificación del contenido real de estos presupuestos, máxime en una situación en la que la deuda pública superará con claridad el 120% del PIB.

De ahí que, aun cuando uno no sea partidario de aplicar un fortísimo plan de ajuste que nos conduzca al equilibrio presupuestario a lo largo del próximo año (y existen buenos motivo para no serlo), toda persona con dos dedos de frente debería ser una firme defensora de insertar los presentes presupuestos dentro de un marco financiero plurianual. De hecho, ahora mismo una de las contribuciones más valiosas que podría efectuar cualquier partido político que vaya a participar en la negociación de estas cuentas públicas sería la de exigir al Gobierno de PSOE-Podemos que comience a preparar ya mismo —con independencia de si nos lo exige Bruselas o no— una senda ambiciosa de ajuste presupuestario. Es decir, deberíamos explicitar ya mismo que, por un lado, somos conscientes de que las presentes emisiones de deuda pública conllevarán sacrificios futuros (no se trata de un almuerzo gratuito) y que, por otro, estamos preparados para anunciar cuáles pensamos o queremos que van a ser esos sacrificios futuros.

Explicitar la senda de ajuste presupuestario futuro —aun cuando reconozcamos que es una senda enmendable según cambien las circunstancias— tendría varias ventajas: primero, obligaría al Gobierno a asumir un cierto compromiso con esos ajustes (no es que la palabra de este Ejecutivo valga mucho, pero al menos convalidarían discursivamente ante la población que los ajustes tienen que llegar en algún momento); segundo, facilitaría la negociación y la fiscalización sobre la actividad del Gobierno con respecto al proceso de equilibración presupuestaria a medio plazo; y tercero, mandaría una señal a la comunidad inversora de que estamos comprometidos a garantizar la solvencia de nuestros pasivos estatales.

Debería resultar inconcebible que en la actual coyuntura nos hallemos negociando un presupuesto de ingresos, de gastos y de endeudamiento para el próximo curso sin ponerlo en relación con los ajustes futuros que sí o sí tendremos que efectuar. Si Ciudadanos, o cualquier otra formación que realmente mire más allá de sus intereses umbilicales, quiere arrancarle un gran compromiso a este Gobierno, que éste sea una ambiciosa —y detallada: nada de generalidades— senda de ajuste del déficit público futuro.