El proyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Sánchez pactado con Bildu ha desatado todos los demonios en el interior del PSOE. Es lo que se ha llamado la rebelión de los socialistas del llamado ‘Antiguo Testamento’. Los que convirtieron un partido casi inexistente en la lucha antifranquista en una máquina de ganar elecciones. Es decir, los que formaron parte de la comisión que elaboró la Constitución de 1978. Los que renovaron el socialismo español en el congreso de Suresnes. Los que rompieron con el marxismo. Los que sufrieron en sus carnes el acoso del terrorismo de ETA durante 30 años. Los que llevaron a España a la Comunidad Europea e hicieron creíble en el exterior la Transición pacífica de la dictadura a la democracia. Los que cerraron las heridas de la Guerra Civil y la dictadura de Franco en el pacto de la reconciliación y la amnistía.

Como miembros de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, han exigido a Pedro Sánchez que retire el proyecto de Ley de Memoria Democrática por crítico y tergiversador de la historia de la lucha por la democracia y la reconciliación a la salida del franquismo. Y no son cuatro disidentes afiliados de base o el habitual sector crítico, sino exministros como García Valverde y García Vargas. Pesos pesados del socialismo como Laborda, Rojo, Cosculluela, Paco Vázquez, Mohedano o Rodríguez de la Borbolla. En la firma del documento no aparecen Felipe González o Alfonso Guerra, pero no es arriesgado afirmar que ellos y todo lo que representan de la España que superó las heridas de la Guerra Civil y el gran salto a la democracia y Europa rechazan de plano el nuevo relato que el nuevo PSOE ha acordado con Bildu.

Desmontar, como han dicho los portavoces de Bildu, la ejemplar Transición con un nuevo relato que haga llegar el franquismo hasta 1983 no tiene otro objetivo para los herederos de ETA que justificar el terrorismo contra la democracia. ETA fue la mayor oposición a la llegada de la democracia asesinando a políticos de UCD y utilizando la violencia para intentar desestabilizar una democracia que dejaba en evidencia los intentos de independencia del País Vasco. Si ahora se consigue dar por hecho en texto legal aprobado por las Cortes Generales que el franquismo llegó hasta 1983, el mundo de ETA podrá justificar la existencia de la banda y sus crímenes incluso después de tres elecciones generales democráticas, del pacto del Estatuto de Gernika, de la amnistía a todos los presos políticos. Una especie de origen legítimo de la violencia política y de las siglas que más daño han hecho a la democracia.