Antiviolencia denuncia la obstrucción de la Generalitat en la investigación de la pitada

Tal y como informó el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, tras la reunión extraordinaria de la Comisión Antiviolencia celebrada para estudiar la pitada al himno de España durante la final de Copa disputada en el Camp Nou el pasado 30 de mayo, una vez recabada la información policial solicitada, llegaría el momento de imponer las correspondientes sanciones. Pues bien, todo parece indicar que a lo largo de la próxima semana se darán a conocer las diferentes multas, en principio todas de caracter económico, con las que se pretende que al menos «algunas actitudes que van contra el reglamento no se queden sin reproche alguno». 

Las sanciones más duras serán las impuestas a los considerados promotores de la pitada como, por ejemplo, los organizadores y firmantes del ‘Manifest per la Xiulada a l’himne español i al rei Felipe de Borbón’ o la organización ‘Catalunya en Acció’, así como a las entidades implicadas en la distribución en los aledaños del estadio de objetos o medios materiales para su ejecución, es decir, silbatos. La Federación Española de Fútbol (RFET), organizadora de la final de Copa, y los dos clubes que la disputaron, el Athletic de Bilbao y el FC Barcelona, también serán sancionados, aunque en su caso no se prevé que las multas sean tan elevadas, sino más bien testimoniales.  

«En la medida que han contribuido a que ocurrieran los hechos que hemos condenado –la pitada al himno nacional–, las consideramos conductas completamente antijurídicas y por tanto objeto, o muy probablemente objeto, de sanción», señaló Cardenal. Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ya adelantó que el objetivo de la apertura del expediente informativo a las organizaciones promotoras de la pitada tenía como objetivo asegurar todas las «garantías» a los implicados.

La UCO de los Mossos no facilita las imágenes
El pasado 11 de junio, Antiviolencia acordó remitir a la Fiscalía General del Estado los informes recabados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de la pitada durante la interpretación del himno de España antes de la final de la Copa del Rey. El principal problema con el que se ha encontrado la citada comisión es la falta de colaboración por parte de las autoridades catalanas, no de los Mossos d’Esquadra directamente, sino de los políticos que desde el famoso tripartito controlan la Generalitat. 

Desde el primer momento, la intención de la Comisión Antiviolencia era disponer de las imágenes de toda la grada del Camp Nou durante la interpretación del himno de España para de esta forma poder valorar cuánto público lo pitó. Sin embargo, para poder realizar este informe la CA necesita la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO), en este caso de los Mossos, que dispone de cámaras que graban todos y cada uno de los rincones de la grada. Sin embargo, estas imágenes no han sido facilitadas. Según algunos estudios extraoficiales y, por tanto, tampoco muy fiables, la cifra de espectadores que silbaron el himno no superó el 30%, aunque la pitada alcanzó los 119 decibelios y este sí es un dato que demuestra lo estruendosa que fue, para satisfacción de Artur Mar, quien ha pasado de exhibir su sonrisa a obstruir la investigación.    

En septiembre de 2009, la Comisión Antiviolencia fue informada por la Oficina Nacional de Deportes (OND) del Cuerpo Nacional de Policía de que la Oficina de l’Esport de Mossos d’Esquadra había recibido instrucciones que suponían un cambio en la gestión de las actas y denuncias relativas a infracciones sobre violencia en espectáculos deportivos. A partir de ese momento, Antiviolencia dejó de recibir información procedente de los Mossos y de la Generalidad de Cataluña. En este sentido, desde el inicio de la temporada 2009-2010, la Comisión Antiviolencia apenas ha recibido las autoridades catalanas actas y denuncias policiales referidas a incidentes de violencia asociada al deporte acontecidos en Cataluña. 

La Ertzaintza y el Gobierno Vasco sí colaboran
Durante un tiempo, aunque de forma parcial, tardía y sólo ocasionalmente, las autoridades catalanas remitieron algunas actas de denuncia levantadas en determinados casos, aunque no permitían realizar propuestas de sanción siquiera utilizar la información a efectos estadísticos. Desde la temporada 2011-2012, ya no se ha recibido ningún dato. En relación con todo ello, durante estos años la Comisión Permanente de la Comisión Antiviolencia se ha dirigido a distintos organismos de la Administración de Cataluña solicitando la remisión de estos documentos. Igualmente, el Pleno de la Comisión Antiviolencia se dirigió a la secretaria de Seguridad de Cataluña en julio de 2010 con la misma petición. Posteriormente, se solicitó que, al menos, se comunicase al Registro Central de Sanciones en materia de espectáculos deportivos de la Dirección General de Política Interior (Ministerio del Interior) las resoluciones sancionadoras que hubieran adquirido firmeza.

Finalmente, en la presente temporada la Comisión Antiviolencia, por medio de Ana Muñoz, su presidenta y directora general del CSD, lo ha vuelto a solicitar tanto como petición general como en partidos concretos, sin que hasta la fecha haya habido respuesta satisfactoria. Curiosamente, la permanente obstrucción o nula colaboración catalana contrasta con la gestión de estos procedimientos que realiza el Gobierno Vasco, ya que, aunque este también ostenta competencias de ejecución de la legislación sobre seguridad pública, la Ertzaintza y el Gobierno Vasco no han dejado de remitir información y documentación requerida.