EL CORREO 15/04/15
· La resolución apoya su envío a España por un presunto delito de pertenencia a ETA, pero no por el de falsificación de documentos
· La defensa puede ahora presentar recurso ante el Tribunal Superior como último paso en el proceso
El juez Howard Riddle, jefe de los magistrados del tribunal de Westminster, especializado en extradiciones, respaldó ayer parcialmente la orden europea emitida por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, fallando en favor del envío a España de Antton Troitiño por un presunto delito de pertenencia a grupo terrorista. La resolución elimina el cargo de falsificación de documentos que le imputaba la justicia española.
Las sentencias inglesas sobre Troitiño, que cumplió en España condena de 24 años por 22 asesinatos, incluyen ahora una cronología, porque los magistrados que ven el caso tienen primero que hacerse una idea de cómo y por qué un detenido en Londres en junio de 2012 sigue en los tribunales, cuando la orden europea de arresto prevé que estos casos se resuelvan en dos meses.
Antton Troitiño fue detenido en Reino Unido tras su puesta en libertad en España porque no se le había aplicado correctamente la ‘doctrina Parot’. Tras la anulación de esa doctrina por parte del Tribunal de Estrasburgo, fue puesto en libertad en Londres, en octubre de 2013, pero detenido de nuevo por una orden de expulsión de la ministra de Interior, Theresa May. La Audiencia Nacional presentó una nueva orden europea de arresto.
Se basaba en dos cargos investigados tras su detención en Gran Bretaña. A Troitiño la Policía británica le detuvo en una casa que ocupaba junto al también etarra Ignacio Lerín. Se encontraron seis documentos de identidad con la foto del exmiembro del ‘comando Madrid’ y con seis nombres diferentes. La Policía Científica española pudo analizar esos documentos en diciembre de 2013 y llegó a la conclusión de que las falsificaciones eran obra del aparato logístico de ETA.
Por ello, solicitaron la extradición por integración en banda terrorista y falsificación en documento oficial, que fue rechazada por la juez Emma Arbuthnot, el 17 de octubre de 2014, en el mismo tribunal de Westminster, porque en la orden enviada desde Madrid había un fallo. En la casilla en la que debían constar las penas máximas para los dos delitos de los que se acusa a Troitiño sólo aparecía una, «entre 6 y 12 años de prisión».
La Audiencia Nacional envió una nueva orden con las casillas bien cumplimentadas, pero la juez Emma Arbuthnot renunció entonces al caso alegando que había tenido un contacto casual con un funcionario español y que debía apartarse para proteger la imagen de independencia de los jueces. El contacto se había producido en Bilbao un día después de que dictase la sentencia en Londres.
Imparcial
Emma Arbuthnot (de soltera Broadbent) está casada con el hasta ahora diputado conservador James Arbuthnot, que en el último Parlamento ha ocupado la presidencia del Comité de Defensa. También ha sido en los últimos años presidente de la parte británica de las ‘Tertulias Hispano-británicas’, que se crearon hace veinte años para reunir de manera informal a personalidades de ambos países.
El último encuentro anual se celebró en Bilbao, el 18 y 19 de octubre, y el diputado conservador, que deja ahora su escaño en los Comunes, anotó en el registro público puntualmente que había recibido 2.063,33 euros como gastos de transporte, alojamiento y restaurante para él y su esposa. La juez, que asistió a los encuentros presididos por los embajadores de ambos países, debía ser vista como imparcial.
Así las cosas, Howard Riddle tuvo que reiniciar el caso. El juez argumenta en su sentencia que la defensa de Antton Troitiño muestra que hay indignación popular cuando se pone en libertad a autores de múltiples asesinatos, que hay declaraciones impropias de políticos, pero no prueba, a su entender, que los jueces actúen contra la ley. «Comienzo asumiendo buena fe y concluyo con que las autoridades españolas han actuado con buena fe y seguirán haciéndolo», escribe Riddle.
El juez concede la extradición y elimina el cargo de falsificación documental, porque no hay pruebas de que Troitiño lo cometiese en España. Los abogados de la defensa tienen ahora el derecho automático a presentar su recurso ante el Tribunal Superior, en lo que podría ser el último paso en esta larga saga judicial.