La prevención, en cambio, revela un defecto fatal en la cultura política de nuestro tiempo: no brinda titulares. La inversión constante en el mantenimiento de los montes, el desbroce del matorral, el fomento del pastoreo tradicional y la vertebración del medio rural componen una labor callada y casi invisible. No admite inauguraciones solemnes, no luce en la propaganda ni vende fotografías heroicas en primera plana. Nadie posa sonriente junto a un cortafuegos limpio en mitad de noviembre ni ante un bosque aclarado durante los meses fríos.

La mejor política pública es, por definición, aquella cuya eficacia apenas se percibe porque evita que la desgracia llegue a materializarse. Prevenir es una conducta ética de una madurez exigente: requiere desembolsar recursos en aquello que jamás se verá precisamente porque, si la gestión funciona, la tragedia simplemente no ocurre. La política vive prisionera de la inmediatez electoral. Los bosques, en cambio, exigen la sostenibilidad del largo plazo.

Asumimos, como sociedad y como Estado, el dramatismo impúdico del gasto de extinción -visible, estruendoso y reactivo- antes que la discreción austera de la prevención. Caemos año tras año en la paradoja contable de pretender sofocar con millones de euros en pleno verano lo que financiamos con céntimos durante el resto del invierno, ignorando el demoledor coste de oportunidad que ello conlleva: cada euro escatimado en gestión forestal multiplica exponencialmente la factura posterior en extinción y reconstrucción.

Este desinterés no solo evidencia una ceguera financiera, sino el paulatino abandono del entorno rural que antes vertebraba y protegía el territorio. Deshabitar el campo es despojar al monte de sus guardianes históricos.

Conviene no caer en simplificaciones analíticas. Los grandes problemas rara vez responden a una causa única. En la proliferación de estos megaincendios concurre una estricta multiplicación de factores: la fragmentación administrativa, la acumulación descontrolada de biomasa y la despoblación rural pesan tanto como el marco climático general.

Desde una perspectiva económica rigurosa, resulta imprescindible distinguir entre riesgo y vulnerabilidad. El cambio climático eleva sin duda la amenaza ambiental y el riesgo térmico, pero la vulnerabilidad de nuestro territorio depende enteramente de nuestras decisiones de gestión. La crisis climática actúa como un temible amplificador, pero solo se convierte en tragedia devastadora cuando encuentra enfrente un paisaje abandonado.

Frente a esta evidencia, resulta desalentador observar la proliferación de discursos negacionistas que prefieren eludir la responsabilidad colectiva. ¿Hasta cuándo continuaremos atrincherados en el negacionismo ambiental o institucional para eludir las reformas estructurales que los montes reclaman a gritos? Los negacionismos, aunque no expliquen por sí solos la totalidad de los fracasos de la política pública, funcionan como una cómoda coartada para la inacción y la improvisación.

Y es en medio de este ecosistema descuidado y frágil donde habita la sombra del incendiario. ¿Qué busca la mente de quien prende la mecha? A menudo se acude a la psicopatía para articular una explicación lógica a un acto infame: la ansiosa demostración de poder sobre la naturaleza o la miseria calculadora de quien pretende extraer algún beneficio después de las ruinas. Pero ya responda al resentimiento o al interés especulativo, lo cierto es que la mecha que enciende el criminal solo encuentra cauce destructivo porque antes, entre todos, le hemos preparado un paisaje seco, combustible y trágicamente listo para arder. Una sociedad inteligente no mide tan solo su capacidad de reaccionar ante la emergencia, sino su altura moral para anticiparse a ella.

Apagar no basta. Mientras la gestión forestal siga contemplándose como un coste improductivo y prescindible, en lugar de como un deber ético, económico y estructural hacia la tierra, continuaremos atrapados en este ciclo absurdo, pagando el precio más elevado por la fotografía más triste de todas: la de la ceniza.