Ni las componendas para atenuar las penas ni la amnistía tienen cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Lo saben los implicados en el ‘procés’. Por eso, la ley de ‘borrado’ que los independentistas catalanes piensan reclamar esta semana en su Parlamento es, en realidad, un envoltorio navideño con lazo de campaña electoral. Pero dentro de la caja aguardan dos regalos más plausibles para los que están cumpliendo pena de prisión por sedición y malversación. Los indultos y la reforma del Código Penal para rebajar la pena por el delito de sedición. Son guiños abiertos a los independentistas que empiezan a ser utilizados por ilustres condenados como Oriol Junqueras, que ya fuerza la escenificación de su distanciamiento de JxCat.

El Gobierno puede conceder los indultos, aunque se encuentre, con toda probabilidad, con la oposición del Tribunal Supremo. Que considera que esta medida es una forma de dar la vuelta a su sentencia. Pero su informe no será vinculante. Por eso, aunque emita un dictamen negativo a los indultos, Pedro Sánchez podrá hacer lo que crea conveniente aunque esta decisión le provoque un desgaste.

No sería la primera vez que La Moncloa concediera indultos contra la opinión del Alto Tribunal. Ocurrió con el vicepresidente del Banco de Santander, Alfredo Sáez, en tiempos de Rodríguez Zapatero, pero lo echó para atrás la Sala de lo Contencioso. Y con el juez Javier Gómez de Liaño durante el mandato de José María Aznar. La tramitación de la medida requiere un procedimiento largo, un promedio de seis meses, en el que se valora, por ley, los indicios de arrepentimiento de quienes solicitan la medida de gracia. Que no es el caso. Quienes promovieron una legalidad paralela a la del Estado no solo consideran que no cometieron delitos alguno sino que «ho tornaran a fer» (lo volverán a hacer).

El segundo regalo contempla la rebaja del delito de sedición. Los 13 años de pena de Junqueras podrían convertirse en cinco. Sería, desde luego, una medida aparentemente efectista, pero no contentaría a los afectados que pretenden que se elimine el delito. ¿Cómo se aprobaría en el Parlamento?

Este Gobierno va muy deprisa intentando cambiar las normas por la puerta trasera de la pandemia, pero en el terreno judicial se está topando con la necesidad del consenso a través de unas mayorías que no tiene y con los toques de atención de la Comisión Europea. Bruselas ya le dio un aviso por la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Debe contar con la oposición y no rebajar el umbral de las mayorías parlamentarias, como pretendía, a la hora de elegir el máximo órgano de los jueces. Por eso Sánchez recoge el guante y anuncia que negociará con Casado. Después de haberle acusado de respetar la Constitución «a cachos». Los recelos del principal partido de la oposición siguen intactos. Además de exigir que no aplique los indultos, pedir el descarte de Podemos y los nuevos socios presupuestarios de la negociación no es un capricho. Se trata de partidos que quieren segarle la hierba bajo los pies al Poder Judicial, que arremeten contra la Monarquía parlamentaria y han blanqueado a EH Bildu.

Ha habido, de todas formas, más acuerdos de los que parece entre el PSOE y el PP. El escollo está en consensuar el nombre de la presidencia del CGPJ. Que no tenga las connotaciones partidistas que reúne, por ejemplo, la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Un mirlo blanco que no aparece. Hasta después de las elecciones catalanas, todos quietos.