Editorial El País
El Govern mantiene el unilateralismo en su encuentro con el Estado
El Gobierno central y el de la Generalitat, representados por la ministra Batet y por el conseller Maragall, celebraron el pasado miércoles el primer encuentro acordado por los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra en la reunión que mantuvieron a principios de julio. La cita respondió a una lógica no solo política, sino también institucional, en la medida en que ambas partes la enmarcaron en las disposiciones del Estatut acerca de la preceptiva convocatoria de comisiones bilaterales. Lógica exclusivamente política fue, por el contrario, la que ha venido prevaleciendo durante los últimos años, en virtud de la cual el Gobierno central rechazó reunirse con el de Generalitat alegando su deriva independentista, y este, por su parte, aprovechó esta vulneración del Estatut para perpetrar contra la mayoría de la sociedad catalana otra más grave: una proclamación de independencia por vías de hecho.
Los resultados de la reunión del miércoles no convencieron ni defraudaron a nadie porque nadie albergaba expectativas. Sin embargo, la apariencia de irrelevancia no puede ocultar que la simple celebración del encuentro y la extemporánea agenda introducida por la Generalitat sobre los políticos presos y la celebración de un referéndum de autodeterminación pusieron de manifiesto la existencia de una realidad diferente. Reclamar a estas alturas la creación de una comisión para estudiar la celebración de un referéndum de acuerdo con el Estado, como hizo el Govern, solo significa una cosa: que el Govern ha renunciado a reconocer cualquier legitimidad democrática y cualquier viabilidad política a la ilegalidad perpetrada el 1 de octubre, cuando se colocaron urnas a escondidas. ¿Por qué, si no, le reclamaría al Gobierno central convocar una consulta si, como decía hasta hace poco el president Torra, la celebrada entonces expresaba la voluntad de los catalanes?
Por otra parte, no fue seguramente un azar el hecho de que el Govern designase al conseller de Acción Exterior para encabezar su delegación, como si lo despachara a negociar con un país extranjero. Una vez más, el Govern trataba de disfrazar con la apariencia del desafío lo que en realidad era una forma sublimada de reconocer sus límites. El marco de la reunión que tuvo lugar esta semana fue autonómico y no de Estado a Estado, al igual que lo serán todas y cada una de las reuniones que se celebren, si es que se celebran, durante los próximos meses. El Govern, por descontado, puede interrumpir la distensión desertando de cualquier comisión. Pero en este supuesto quedará finalmente claro quién defiende el diálogo como procedimiento para dar salida a un contencioso dentro de la ley y quién ha pretendido utilizarlo como coartada para, contando con el rechazo de la otra parte a cualquier contacto, y vulnerando la ley, imponer un programa sobre una mayoría de ciudadanos que lo rechaza.
El Govern dijo lamentar el miércoles que el Gobierno central carezca de programa para Cataluña. También eso era apariencia, porque la realidad de lo que quería decir es que el independentismo carece por ahora de alternativa política al unilateralismo y a las vías de hecho.